El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, consideró ayer que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “debería pedir licencia” mientras “un fiscal que depende de ella” la investiga por la compra de una sede para la Procuración que habría derivado en coimas para un funcionario bajo su órbita.
“Sometida a un proceso, con un fiscal que depende de ella investigando, debería pedir licencia. La situación institucionalmente es muy delicada, no recuerdo otro procurador llamado a indagatoria”, afirmó Garavano en declaraciones radiales.
El funcionario subrayó que el gobierno no ha cambiado su opinión sobre la procuradora y sigue exigiendo su alejamiento del cargo: “Hemos pedido que de un paso al costado y nos mantenemos en esta posición”.
“La procuradora nunca ha tenido una línea de apoyo a las víctimas, (ni) contra los hechos de corrupción, o contra la delincuencia común. Se dedicó a otras cosas. Necesitamos un procurador que acompañe a las víctimas, y si tenemos un procurador sospechado de corrupción, difícilmente haga esto”, señaló el ministro.
El caso por el que se investiga a Gils Carbó es la compra de un inmueble para la Procuración ubicado en Tte. Gral. J. D. Perón 667, donde Gils Carbó tiene su oficina.
La compra se realizó a través de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. El platense Juan Carlos Thill, medio hermano del número dos del área de contrataciones de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi, actuó como intermediario y se llevó casi 3 millones de pesos de comisión.
Garavano dijo además que las investigaciones de hechos de corrupción y opinó que hay “una reacción (de los jueces federales), que se debe principalmente a la demanda de la población”.
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