El gobierno estadounidense impuso sanciones financieras ayer sobre otros 10 funcionarios y ex funcionarios venezolanos por acusaciones de corrupción y abuso de poder relacionadas con “la ola represiva” del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición.
Además, Washington criticó una ley aprobada esta semana que restringe el uso de las redes sociales y los medios electrónicos al ordenar sentencias de hasta 20 años de cárcel para cualquiera que instigue al odio.
El Departamento del Tesoro informó que impuso las nuevas sanciones en respuesta a las elecciones regionales del mes pasado en Venezuela, que calificó de fraudulentas. Esos comicios se vieron opacados por irregularidades que “indican con firmeza que se trató de un fraude que ayudó al partido oficialista a ganar, inesperadamente, una mayoría de las gobernaciones”, señaló la dependencia en un comunicado.
A través de Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó las sanciones impuestas.
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