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Emilio González
Ex director del Normal 2
Hemos asistido en los últimos días, a crónicas periodísticas que dieron cuenta de incendios, ataques y roturas varias en establecimientos educativos de la Región, pero no ha habido en ellas, por parte de las distintas autoridades educativas (las cuales generalmente son citadas como “…desde la Dirección/Regencia/Secretaría de la escuela..” dejando así entrever ciertos miedos a ser identificados, salvo honrosas excepciones), la definición concreta de estos hechos: vandalismo y como tal, un delito previsto en nuestro Código de Procedimiento Penal; tampoco se ha dado información acerca de si dichas autoridades han hecho las denuncias policiales/judiciales, más allá de expresar ”…se ha notificado al inspector de educación correspondiente…”.
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¿Por qué ocurren estos hechos? Porque la escuela ha dejado de formar en valores, confundidas tal vez las distintas comunidades educativas en el concepto de autoridad, que debe regir en la mejor de sus acepciones, dejando incluso el manejo de situaciones a los padres, donde éstos no debieran de intervenir, más allá de su obligación para con la educación de sus hijos especialmente en el respeto al otro.
De todas las crónicas relatadas acerca de la violencia escolar (o como deseaban en su momento las autoridades de la Dirección General de Escuelas, “violencia en la escuela”, en el marco absoluto de una concepción ideológica), puede observarse el aún erróneo concepto de superar el autoritarismo de antaño de algunos docentes, dejando piedra libre al permisionismo hacia los alumnos para que -como se ha visto también en los últimos meses pre-electorales- pretendan manejar ellos la escuela, con su libre albedrío y el mejor de los desconocimientos.
La fundamentación investigativa de estos fenómenos puede ser variada: planes de estudio muy antiguos; el analfabetismo informático de algunos docentes que genera grandes distancias con sus alumnos, sumiéndolos en soporíferas clases. Pero muy especialmente la inseguridad que deja ver el docente en su función de autoridad educativa, dicho esto en el mejor sentido y nunca más alejado de la interpretación de la posverdad ni llamando “pibes” o “chicos” a los alumnos a modo de mote cariñoso, pero peligrosamente mal interpretado.
Cuando expreso “docentes”, incluyo a quienes ejercen la función directiva, que debiera ser la orientadora en todo sentido del proyecto educativo institucional, ejerciendo su autoridad para la contención, tanto de alumnos como de los profesores, y llevando a los primeros a su desarrollo en plenitud como personas, brindarles la forma de aprovechar la capacidad para encauzarlos en su personal proceso de perfeccionamiento integral, pero eso sí, debe hacerse a través de la integridad que quienes ejercen el rol de educadores.
Claro está que se debe interrogar cómo accedieron a ese cargo: ¿por concurso? ¿solamente por antigüedad? ¿por amiguismo con las autoridades distritales? Nada de los contenidos de la bibliografía de los últimos tiempos permite colegir que al postulante se le pedirá actuar ante situaciones específicas de violencia en la institución, ni mucho menos se le brindarán los pertinentes soportes de estudio para afrontar los hechos señalados.
Pocos directivos o docentes se animan a hacer la denuncia policial ante hechos de violencia en sus escuelas, denuncia que es su obligación y que no significa judicializar al menor por el sólo hecho de hacerlo. Deben educar también en el axioma “los hechos tienen consecuencias, y se si elige tomar el camino equivocado, hay que atenerse a dichas consecuencias” como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje (aunque dicha así parezca anacrónica esta frase).
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