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Más allá de reconocer la magnitud histórica del reconocimiento obtenido recientemente por la provincia de Buenos Aires, al haber logrado destrabar el conflicto que se había planteado hace tres décadas por la disponibilidad de recursos pertenecientes al Fondo del Conurbano, corresponde ahora reclamar de las autoridades provinciales una administración inteligente y eficaz, alejada de todo gasto injustificado, de esa nueva masa de dinero con la que contará.
Tal como ya se ha señalado, se encuentra virtualmente confirmada la alternativa de que el erario provincial se vea favorecido el año próximo por un ingreso de 40 mil millones de pesos en concepto de recursos federales. Además, como se sabe, la actual administración provincial pretende que esa cifra se estire a 65 mil millones de pesos en 2019 y que, a partir de allí, ese monto se actualice por inflación, lo que está más que justificado.
No es un secreto para nadie que los gastos de la administración pública han venido creciendo en forma sostenida en las últimas décadas, en niveles cada vez más elevados en lo que concierne a la distribución comparativa de los gastos presupuestarios del Estado. Sin embargo, esos incrementos no se han visto reflejados en mejoras de los servicios y áreas esenciales y la avidez por lograr fondos para la enorme planta de personal ha generado que la Agencia Recaudadora (ARBA) cometa groseras equivocaciones sobre los contribuyentes -a veces a Pymes- con pérdidas de tiempo y dinero.
Se encuentra en crisis el sistema de la salud, con hospitales públicos que padecen serios problemas estructurales y funcionales, traducidos en una constante pérdida de excelencia de sus servicios, cada vez más condicionados por la falta de equipamiento y de suficientes planteles médicos y de enfermeros. La ausencia de recursos presupuestarios, ya no para construir hospitales nuevos -tal como alguna vez hizo la Provincia en cantidad y calidad suficientes- sino, para garantizar el equipamiento y mantenimiento, así como cubrir las reparaciones urgentes, han llevado las cosas a un grado de déficit funcional verdaderamente desalentador más que nuevos nosocomios es impostergable dotar a los existentes.
Claro que lo mismo puede decirse del sistema educativo provincial, urgido por toda clase de necesidades; o de las dependencias de seguridad y de justicia, igualmente necesitadas de renovaciones edilicias, en situaciones deficitarias que -vistas con ojos críticos- resultan por momentos incomprensibles, si se las compara con el vertiginoso incremento del gasto público en la Provincia experimentado en las últimas décadas especialmente en relación a la cantidad de personal que constantemente se nombra o contrata.
De lo que se trata, también, es de enfrentar las necesidades más urgentes, en especial las de aquellas que se relacionan con medidas de apoyo al sector productivo que genera la riqueza genuina de la Provincia, sea en el sector agrícolo-ganadero como en el industrial. La carencia de rutas y caminos secundarios en condiciones; la eventual reactivación de aquellas líneas ferroviarias que aparezcan como imprescindibles para consolidar mejores comunicaciones, abren, entre otras muchas alternativas, rumbos positivos para una más acertada asignación de los recursos. Y por supuesto dar presencia al Estado en las zonas más vulnerables social y económicamente.
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Es de esperar, entonces, que las nuevas y voluminosas partidas presupuestarias que ingresarán al erario provincial merced a la enérgica y tan necesaria actitud de la gobernadora bonaerense contribuyan a promover políticas virtuosas de crecimiento y desarrollo, tanto para mejorar la prestación de los servicios esenciales como para estimular en la Provincia la inversión privada y el crecimiento de los empleos productivos.
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