Encrucijada

El gobierno belga quiere evitar toda participación acerca del destino del ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont y ayer el ministro de Justicia afirmó que no interferirá con su futuro, después de que España emitiera una orden de arresto europea contra el líder catalán.

La orden de arresto europea “es un procedimiento completamente legal”, afirmó el ministro belga, Koen Geens.

A diferencia de una extradición internacional corriente, explicó, “el poder ejecutivo no juega ningún papel en el procedimiento. Todo va a través de contacto directo entre instituciones de justicia”.

Puigdemont ha dicho estar dispuesto a cooperar con la justicia belga, pero que ha perdido la confianza en la justicia española, que considera politizada, luego de que varios ex dirigentes catalanes están ya en prisión.

Lo cierto es que la posibilidad de que Puigdemont obtenga asilo en Bélgica e incluso en la UE es “bastante pequeña”, porque “ser procesado” en España “no es suficiente para probar que sus derechos humanos están siendo violados”, dijo el letrado por la Universidad de Leiden, Stefan Kok.

“Bélgica debería simplemente deportarlo si España lo solicita. Puigdemont probablemente será solo procesado y eso no es suficiente para probar que sus derechos humanos están siendo violados”, explicó el experto en Derecho Europeo. Lo cierto es que el tema plantea toda una encrucijada legal para el gobierno belga. (EFE)