La retención de dieciséis vehículos que llevaban pasajeros en infracción a las normas legales y que fueron sancionados a partir de operativos realizados en distintas rutas del país durante el fin de semana largo, implica, por lo pronto, una constatación objetiva que no hace más que acentuar preocupaciones y que obliga a subrayar la necesidad de que la supervisión en la materia sea permanente y severa. Se trata de una cuestión extremadamente delicada, que se agudiza a partir de la mayor cantidad de viajes que demandará el flujo turístico, determinado ahora por la próxima temporada veraniega.
Tales operativos fueron coincidentes con un episodio ocurrido en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires, cuando los padres de un contingente de los alumnos del colegio Naciones Unidas que debían irse ayer de viaje de egresados habían pedido que controlaran a los choferes que transportarían a sus hijos a Córdoba. El chequeo se hizo y su intuición los salvó de una posible tragedia: el que iba a conducir el ómnibus de una conocida empresa de transporte de pasajeros estaba altamente alcoholizado y fue obligado a bajar del vehículo.
En cuanto a las unidades retenidas, los operativos se concretaron en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Mendoza y Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, e incluyeron tanto a colectivos y micros sin habilitación como a otros en los que sus choferes no contaban con licencia profesional, según informó la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.
Además de falta de licencia de conducir de los choferes, se detectaron anomalías tales como las de falta de habilitación del vehículo, algunos de ellos con todas las certificaciones vencidas, falta de revisiones técnicas periódicas y contar con listas de pasajeros que no se correspondían con las personas que viajaban en esas unidades.
La situación no es novedosa. Correspondería recordar que en distintos operativos realizados en años anteriores, se había establecido que más del 60 por ciento de los micros de larga distancia controlados en distintas estaciones terminales por inspectores del ministerio de Trabajo de la Nación presentaban alguna infracción, en su mayoría, por excesos de la jornada laboral de los choferes. A muchos de los conductores no se les habían otorgado los francos correspondientes y un elevado número de conductores tenía su libreta de trabajo en condiciones irregulares.
Desde luego que el nivel promedio de infracciones detectadas habla de una estrecha vinculación con la seguridad vial y los accidentes. A su vez, desde el plano de las condiciones en que los choferes de ómnibus realizan su tarea, la situación sigue siendo extremadamente preocupante.
Lo que se reclama, entonces, es que el Estado no se limite a actuar por reacción, sólo cuando se producen grandes tragedias en las rutas o efectuando controles masivos únicamente en períodos de mayor movimiento turístico.
Como se ha dicho en otras oportunidades desde esta columna, la política a seguir debe ser, en cambio, continuada, sin pausas, ordenando especialmente a las empresas que se dedican al transporte de pasajeros y que cuentan con choferes profesionales que sean ellas las primeras en cumplir cabalmente con las leyes. Y que se apliquen, llegado el caso, las sanciones administrativas y, eventualmente, judiciales más graves, sobre todo a quienes se resisten a obedecer normas que buscan preservar la vida, la integridad física y los bienes de miles de personas.
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