En una demorada durante años pero reciente y elogiable actitud la Municipalidad de La Plata resolvió comenzar a aplicar las normas para terminar con la venta callejera ilegal hasta de víveres. Por supuesto que se trata de la iniciación de un proceso que demandará paciencia y esfuerzos de los agentes comunales cuando no son sometidos a violencia física por quienes ejercen esa actividad que a lo sumo debiera ser clandestina e igualmente sancionada. E s una actividad que desarrolla ventas -según se calcula- por más de dos mil millones de pesos anuales en La Plata. Esa cifra explica las complicidades que posibilitaban el gran número de puestos callejeros.
Pero que quede claro: sólo la decisión política de sostener en el tiempo los operativos de decomiso de mercaderías que se ofrecen ilegalmente a la venta y la ferrea voluntad de demostrar -con presencia de las fuerzas de seguridad- de que los espacios públicos recuperados para el común de los vecinos no volverán a ser ocupados, asegurarán el éxito de la campaña emprendida. No debe haber medias tintas, ni arreglos de compromiso.
El centro de la ciudad y adyacencias había sido invadido por los llamados vendedores ambulantes que como se ha dicho son el último eslabón de organizaciones que infligían leyes a la vista de todos. Por eso es inexplicable la falta de acción de los fiscales y de ARBA (Agencia Recaudadora Buenos Aires) ante la burla a la legislación impositiva, la Ley de Marcas entre otras mientras que puede presumirse que muchas mercaderías se originan en el contrabando o en fábricas que funcionan al margen de la ley con mano de obra esclava. Todo ello sin mencionar el incumplimiento de leyes laborales o la ocupación de la vía pública hasta el punto de dificultar la libre circulación de los transeúntes.
Capítulo aparte merece el análisis de la actitud asumida por las entidades que representan a empresarios y comerciantes que son perjudicados por esa actividad. Los titulares de algunos negocios se han justificado individualmente por el temor que les produce el conocimiento de la existencia de poderosas organizaciones atrás de los erróneamente denominados “ambulantes” pero ese argumento es insostenible para los directivos de las cámaras y federaciones locales que agrupan a los titulares de los negocios.
Por supuesto que la revalorización del centro de la ciudad requiere otras acciones de la policía, por ejemplo. Con el argumento de que los menores “entran por una puerta y salen por la otra” se deja actuar impunemente a verdaderas bandas de las que puede sospecharse que son inspiradas y actúan en beneficio de adultos. Tal como ocurre en la actualidad con los vendedores callejeros ha ocurrido y sucede que aparecen personas que dicen representarlos y que entre otras cosas, para dejar libres las veredas, exigen habilitaciones de autos como taxis o remises o la autorización para establecer “ferias libres” como una que es denominada “la paraguaya” y es por todos conocida que fue parte de un acuerdo para que los ilegales dejaran libres las veredas hace más de quince años. Más aún hace muchos años y en la actualidad se repiten apellidos entre los “delegados” de aquel entonces y los de ahora que exigen dádivas por cumplir las leyes.
Es de esperar que la Municipalidad persista a pesar de los inconvenientes y que los otros poderes que cierran los ojos ante la reiteración de hechos ilegales comiencen a reaccionar y sigan el ejemplo de las autoridades comunales.
SUSCRIBITE a esta promo especial