Piden el juicio oral para Cristina en la causa por la obra pública en Santa Cruz

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron el envío a juicio oral y público de la ex presidenta Cristina Kirchner y los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por asociación ilícita y fraude al Estado a raíz del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante la gestión kirchnerista.

La fiscalía entregó su requerimiento de elevación a juicio al juez federal Julián Ercolini, quien ya tiene los requerimientos de los querellantes en la causa y ahora pedirá opinión a las defensas para luego mandar el caso a sorteo de un tribunal oral, algo que ocurriría antes de fin de año, explicaron fuentes judiciales.

Cristina ya fue enviada a juicio en otra causa penal por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, que investigó el juez federal Claudio Bonadio.

En esa investigación a cargo de Ercolini, la ex presidenta fue procesada el 27 de diciembre del año pasado por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública con un embargo de 10.000 millones de pesos.

Además están procesados De Vido, López, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti a raíz de contratos de obra pública adjudicados a la empresa de Báez en Santa Cruz por 46 mil millones de pesos durante el gobierno kirchnerista, que habrían sido direccionados a cambio del pago de sobornos que se investigan en otras causas, como Hotesur y Los Sauces.

En total se relevaron 52 contratos con irregularidades que habrían incluido sobreprecios y pago de sobornos a la familia presidencial, según el dictamen fiscal.

DOS INVESTIGACIONES

Ercolini está a cargo de esta investigación que según directivas ya dadas por la Cámara Federal porteña podría en un futuro ser ventilada en juicio oral como parte de una megacausa junto a las que tramitan el supuesto pago de sobornos a la ex presidenta y su familia a través de falsos alquileres de plazas hoteleras y propiedades en dos de sus sociedades: Hotesur y Los Sauces.

Ambas investigaciones quedaron ya a cargo de Ercolini y en la primera, Hotesur, el juez debe definir las situaciones procesales de Cristina y los demás indagados mientras que en Los Sauces ya están procesados también por asociación ilícita la ex presidenta, sus hijos Máximo y Florencia, y otros acusados.

El procesamiento por la obra pública en Santa Cruz de la ex presidenta y actual senadora fue confirmado por la sala I de la Cámara Federal porteña, que consideró probada la existencia de una asociación ilícita entre mayo del 2003 y diciembre de 2015, durante los gobiernos kirchneristas, formada para “cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.