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La Municipalidad de La Plata ha sido abandonada a su suerte en la lucha contra la venta callejera ilegal. Todos los demás involucrados ignoran los delitos que se cometen en las veredas como la evasión impositiva, las violaciones a la ley de marcas, la posible venta de productos ingresados de contrabando en el país, la venta de mercadería fabricada en industrias “en negro” con mano de obra esclava y la explotación de necesitados en los puestos callejeros a merced de organizaciones mafiosas que son realmente las que manejan el “negocio”, entre otras graves irregularidades.
Peor aún ayer algunos “espontáneos” visitaron comercios advirtiendo de la posibilidad de saqueos a empleados y propietarios de diferentes establecimientos comerciales. Todo es demasiado importante como para que los fiscales, los policías y la Agencia Recaudadora de Buenos Aires (Arba) cierren los ojos en una inexplicable actitud.
Esas circunstancias han envalentonado a los líderes de los grupos que explotan realmente la comercialización ilegal que para retirar a sus vendedores pretende negociar con la Municipalidad desde una posición de fuerza utilizando cortes de calles y la resistencia violenta algunas veces cuando se realiza un procedimiento.
Es como si las infracciones y los delitos debieran ser sometidos no a la justicia sino a una especie de “paritaria” donde ellos exigen habilitaciones de remises y la autorización en zonas que ellos elijan para ferias del tipo de “La Salada”.
La Comuna no puede actuar más allá de impedir la ocupación ilegal del espacio público, corresponde a otros investigar y sancionar todos los demás flagrantes delitos ante los que aparentemente se cierran los ojos.
No es necesario repetir que se está dañando a los negocios, fábricas y empleados de quienes cumplen la ley. Sin duda se pierden puestos de trabajo ante la pasividad de las autoridades y de las entidades supuestamente representativas del comercio y la industria.
En un país, una provincia y una ciudad generalmente sin estadísticas confiables no existen datos sobre la pérdida de empleos “en blanco” frente al avance de la economía negra.
En la situación descripta tal vez los propietarios de los comercios deberían poner mostradores en las veredas y declarar los espacios ocupados como “territorio liberado” de impuestos.
Sólo la falta de seguridad puede estar impidiendo la adopción de esa nueva modalidad para vender.
Lo cierto es que la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) ha calculado que los ingresos por la venta ilegal callejera en La Plata ascienden a dos mil millones anuales sin que nadie pueda desmentirlo.
Con esa cifra, y esos márgenes de ganancia tan importantes (libres de todo tipo de impuesto, por otra parte) y la ausencia de todo control se pueden lograr complicidades de cualquier clase.
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