El resultado de recientes encuestas pareciera indicar que un sector numéricamente importante de los argentinos desean que el Estado asuma un papel más que de planificador del desarrollo económico para incursionar en actividades comerciales, industriales y de servicios.
Se trata de una forma de pensar que grupos de autoritarios de izquierda y de derecha han logrado popularizar en contradicción con experiencias internacionales observables a simple vista. Peor aún cuando hace décadas que el Estado argentino ni siquiera pueda cumplir con los servicios de salud, educación y seguridad.
En los países que se adoptaron esos criterios genéricamente se establecieron sistemas políticos incompatibles con la democracia pero y es fundamental los pocos que progresaron lo hicieron en base a políticas exportadoras agresivas basadas en mano de obra de bajo costo con ingresos de menos de 200 dólares mensuales para obreros y campesinos. Tal como es el caso de China y aún así el gobierno de ese país actualmente se ha convertido en adalid del libre comercio mientras fomenta la inversión extranjera.
La pobreza de los habitantes del gigante asiático es paradigmática y su rigidez llegó al extremo de legislar tratando de impedir que los matrimonios tuvieran más de un hijo. Es cierto que actualmente las autoridades quieren revisar la aplicación de muchos de los principios que guiaron sus actitudes salvo en lo político, donde pretenden mantener un rígido sistema autoritario sin respeto por los derechos humanos.
No es el único caso. El enorme fracaso económico que llevó al colapso a la Unión Soviética abona claramente el enunciado de que la centralización económica autoritaria, como en otro tipo de sociedades las tendencias monopólicas, generan ineficacias que causan enormes costos sociales.
En la Argentina la corrupción tan evidente en el Estado también es sintomática y también en parte del sector privado que promueve la desconfianza en empresas y empresarios y que sabotea de esa manera todo esfuerzo por modernizar el país hasta en la forma de pensar de sus habitantes.
Durante muchos años las Fuerzas Armadas y sectores conservadores ampliaron el concepto de seguridad nacional hasta el punto de considerar que la siderurgia o la absoluta planificación de la misma debía ser una tarea del Estado por las implicancias del hierro y el acero en la producción de elementos para la defensa como tanques y cañones. Mientras tanto la denominada izquierda promovía estatizaciones de toda clase en nombre de una “utilidad social” que jamás se plasmó en los hechos.
Aún hoy un Estado demasiado caro se hace insostenible para los argentinos estrangula económicamente a los habitantes del país que ya no soportan la carga impositiva a la que están sometidos, sin mencionar los gastos que genera a las pequeñas y medianas empresas contratando profesionales para poder llevar decenas de planillas con información para el Estado.
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