Los operativos realizados hace pocos días en nuestra ciudad, que derivaron en la clausura preventiva de cuatro remiserías que funcionaban sin poseer habilitación municipal, resultan, por cierto, insuficientes para enfrentar el grave problema que viene planteando el transporte ilegal de pasajeros.
Estimaciones realizadas hace pocos años hablaban de 1000 remises circulando en condiciones irregulares; sin embargo, uno de los sindicatos que nuclea a los taxistas de la Ciudad denunció que ese número se habría quintuplicado, abriéndose así, de ser cierta, la alternativa de un problema de enorme magnitud.
Hace ya tiempo que el transporte clandestino de pasajeros origina una justificada inquietud. Lo cierto es que sólo un alto grado de permisividad o de indiferencia por parte de las autoridades municipales puede explicar la magnitud de este fenómeno. Tal situación podría verse agravada en la medida en que las irregularidades pudieran también abarcar a los taxis o a algunas unidades de ómnibus, sean estos de línea o particulares. Asimismo, tanto la falta de habilitaciones como del cumplimiento de otros requisitos puede afectar también a parte del parque de transportes escolares.
En el caso de los taxistas -y, desde luego, de las remiserías que cumplen con todas las exigencias legales para funcionar- está claro que no pueden competir con los remises truchos, que desarrollan su actividad sin cumplir con los requisitos de habilitación exigibles a todo vehículo que quiera brindar el servicio de transporte de pasajeros.
Al margen de las consideraciones de índole socioeconómica que suelen invocarse para explicar este verdadero auge de la informalidad, es evidente que resultaría extremadamente negativo que los organismos municipales competentes no actúen con el debido rigor y con el espíritu de equidad requerible.
Asimismo, frente a los riesgos concretos que corren miles de personas, en forma cotidiana y muchas de ellas sin advertirlo, ya que al pasajero le resulta virtualmente imposible determinar si el vehículo que lo traslada está o no legalmente autorizado para ejercer la actividad, las autoridades deben extremar los controles que se realizan. No sólo para proteger los derechos de los eventuales pasajeros, sino para impedir que se vean desnaturalizadas las leyes y el propio valor de la autoridad comunal.
La situación también plantea, como se ha dicho, un crítico cuadro de competencia desleal, porque el transporte ilegal, al no cumplir con los seguros obligatorios y otros requisitos, deja en desventaja al legalmente habilitado.
En este sentido, también, es fundamental que el municipio ajuste los mecanismos de contralor y los aplique en forma sostenida. Los funcionarios municipales tienen una responsabilidad directa y a ellos les corresponde, ineludiblemente, velar por la vigencia de todos los requisitos que se fijan para darle seguridad y garantías a un servicio que, como el de los remises, es de naturaleza pública.
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