Opinan los lectores

PEDRADAS PARA ATACAR A LA DEMOCRACIA

Por JAVIER GONZÁLEZ

“Es mentira que el lunes una banda de exaltados hayan querido defender los derechos de los jubilados. Es mentira que hayan ganado las calles para luchar por los más desprotegidos. El lunes los marginales de siempre sólo querían apedrear a la democracia. Golpear al sistema que hace más de 30 años se recuperó en este país.

Esas piedras no representaban al pueblo. Eran la vívida imagen del autoritarismo y del extremismo frenético. Repudio a quienes pretendieron avasallarnos a todos. Repudio a los que se atribuyeron el derecho a agredir y a romper, cobardemente, todo lo que encontraron a su paso. Repudio también a un diputado que desde su banca del Congreso justificó a los violentos y a la no menos cobarde paliza que le propinaron al periodista Julio Bazán.

¿IRRESPONSABLE DECISIÓN?

Pedro García señala: “El Presidente de Estados Unidos ha abierto la caja de los truenos. Se ha enfrentado a la Unión Europea, a Turquía y a sus aliados en Oriente Medio y lejos de apaciguar los ánimos con Irán ha conseguido despertar más recelos, al mismo tiempo que ha puesto a Jordania en una posición terriblemente delicada. La decisión de trasladar la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén es una provocación que rompe decenios de negociaciones y acuerdos aquilatados a fuego”.

CONTAMINACIÓN VISUAL

Juan Carlos Sabato: “La Ordenanza Municipal N° 9168 trata sobre el uso y restricciones de los carteles comerciales en la vía pública urbana. El Camino G. Belgrano entre las calles 467 y 475 es una muestra total de cómo debe ignorarse a dicha Ordenanza. Tanto los funcionarios del área de la Municipalidad como el Delegado Municipal de City Bell tienen la obligación de hacer respetar todas las Ordenanzas y no dejar que el espacio público, como parte de una trama y de un paisaje urbano, quede al libre uso de los comerciantes de este sector del Camino.

“Pizarrones con ofertas cercanos a los límites del Camino, carteles de cualquier forma y tamaño sostenidos por estructuras de hierro, madera, hormigón, marquesinas rotas o sin uso, etc. Es obligación que se aplique esta ordenanza, como así también asesorar a los comerciante sobre el uso y no abuso de estas cartelerías. Esos mismos comercios tienen el deber de dotar a sus clientes de estacionamientos de acuerdo a las normas, con pisos apropiados y no como en el 90% que son de mejorado, de tierra (con lluvia son de barro) y con desniveles peligrosos para las maniobras de los automovilistas y en especial para los peatones. A partir de la línea municipal debe trazarse una acera de un ancho no inferior a 1,50 mts., como así también entubar los desagües pluviales evitando las peligrosas zanjas con aguas estancadas y en algunos casos servidas. Por último: es una pregunta: ¿qué ocurriría si los vecinos pedimos autorización para poner parrillas en las veredas? el “no” sería rotundo. En la zona indicada hay una parrilla, con vidrios y paredes chorreando grasas y cucarachas, sin posibilidad alguna de aseo, teniendo como remate un techo de tejas. Creo que se tiene que terminar con estos abusos y pido a la Municipalidad una pronta intervención”.

POLICÍAS EXONERADOS

Mario Guillermo Pardo manifiesta: “En La Plata se publicó el 17 de diciembre de 2017 una noticia que daba cuenta que la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad Provincial, planificaba crear un registro de policías exonerados de la Bonaerense (sic). Agregaba que crearía un Registro de policías exonerados con el objetivo de realizar un seguimiento de las actividades de quienes fueron expulsados por la comisión de algún delito. Asimismo la Auditoría General de Asuntos Internos según indicaba su titular Guillermo Berra, explicaba que la herramienta serviría para hacer un seguimiento, ver dónde están, qué hacen y si siguen vinculados a alguna banda delictiva’. Sucede que la ley 13.482 establece en el Titulo I artículo 193 lo siguiente, ‘La Auditoría General de Asuntos Internos tiene por objeto planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y sancionar aquellas conductas vinculadas con la actuación del personal con estado policial perteneciente a las policías de la provincia de Buenos Aires, que puedan constituir faltas éticas y abusos funcionales graves que por su magnitud y trascendencia afecten a la institución y a sus integrantes’. Se habla de ‘personal con estado policial’, situación ésta que, según la Ley de Personal Policial, se pierde al ser expulsados por cesantía o exoneración. Es decir una vez que son expulsados pasan a ser simples ciudadanos que ya no están bajo la órbita funcional no sólo de Asuntos Internos o de la Jefatura de Policía, tampoco del Ministerio de Seguridad, ni del mismísimo Gobierno ¿Entonces, por qué monitorearlos, seguirlos o hacer inteligencia sobre sus actividades? Son simples ciudadanos que están alcanzados por lo establecido en la ley 25.520 de Inteligencia Nacional que en su titulo III Organismos de Inteligencia art. 4° dice: Ningún organismo de inteligencia podrá: ‘Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley’”.