“Que los funcionarios nos digan qué van a hacer con los discapacitados pobres si APRILP deja de atenderlos”, pregunta la doctora Cecilia Bolech, al frente de la entidad dedicada a la rehabilitación de personas con patologías de motricidad. Ya no tienen cómo pagar los sueldos de los 74 empleados y deben dos meses de las cargas sociales por la misma razón: la falta de fondos. La situación es de extrema gravedad y peligra la continuidad de la institución.
“Atendemos muchos pacientes sin obra social y el Ministerio de Salud de la Provincia lleva 14 meses sin pagarnos un centavo por las prestaciones, ya que no renovó el convenio”, apuntó la profesional. Es que gran parte de los discapacitados que encuentran tratamiento y contención en la entidad cobran una pensión que contempla su atención por medio del plan PROFE, pero este tampoco envía los pagos a APRILP.
Para colmo de males denuncian que la cartera de salud no solo redujo el importe que les daba a través del Samo y de 30 mil pesos que se percibían por mes el año pasado, en 2017 se pasó a 20 mil, sino que encima no les abonan desde octubre pasado.
SUSCRIBITE a esta promo especial