ABSA suma otro aumento, aunque su servicio es deficiente

El Gobierno provincial acaba de oficializar una propuesta destinada a imponer un nuevo aumento de la tarifa del servicio de agua y cloacas que presta ABSA, que ronda el 40 por ciento, en una situación que ya suscitó polémicas y que será dirimida en una audiencia pública a realizarse en febrero próximo.

La propuesta establece que el valor del metro cúbico pasaría de $5,74 a $8,03, un aumento similar en su porcentaje al aplicado en junio de 2013, aun cuando este incremento, de concretarse, recaería sobre el ya elevado cuadro tarifario que vienen pagando los usuarios. Desde luego que lo contrastante reside en que se está hablando de un servicio que, como el del agua domiciliaria, se caracteriza por las crecientes deficiencias con que se brinda.

Tal como se informó, se trataría de una suba por la que la mitad de los clientes de la empresa pagarían 100 pesos más de la facturación actual, mientras que otro 27 por ciento de los usuarios sufriría un incremento de 200 por ciento, según se informó luego de que el Organismo de Control del Agua bonaerense (Ocaba) publicara en su página web la convocatoria para debatir el ajuste en audiencia pública el 2 de febrero en el Colegio de Abogados de La Plata.

Allí se espera que representantes de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) expongan los fundamentos técnicos, financieros, económicos y jurídicos de su solicitud de modificación del régimen tarifario.

El Defensor del Pueblo bonaerense expresó en forma pública su desacuerdo frente al posible aumento de la tarifa del agua que evalúa la empresa Aguas Bonaerenses (Absa) y advirtió que “si el aumento del agua es irracional, haremos todo lo posible para frenarlo”. El funcionario adelantó que la Defensoría agotará todas las instancias “si el incremento vuelve a golpear de lleno los bolsillos de los usuarios”.

Convendría aquí señalar que un principio básico del derecho señala que la diferencia entre un impuesto y una tarifa de servicios radica en que el costo, en el primero, está desligado de toda contraprestación directa para el contribuyente, mientras que en la segunda el valor que a pagar está relacionado al servicio que se ofrece. En este último caso, sin perjuicio de advertir que, habitualmente, los usuarios deben hacerse cargo de algunos costos que son independientes del consumo, relacionados a la instalación de redes y otros rubros.

Lo que en realidad ocurre es que miles de usuarios –los de La Plata y el resto de la región vienen dando, desde hace demasiado tiempo, sufridos testimonios de ello- no cuentan con la garantía de poder acceder de manera confiable al consumo, de modo que, si el valor que paga el usuario está subordinado al servicio que se brinda, es esencial que la empresa ABSA cumpla con su parte. Algo que, bien se sabe, no ocurre o, en todo caso, sucede con demasiadas imperfecciones. Es preciso insistir, entonces, que nadie está obligado a pagar un impuesto al agua, sino la prestación del servicio de agua, que es algo bien distinto.

En la práctica, entonces, se puede llegar al absurdo de que se cobren tarifas de primera por un servicio que no lo es en modo alguno, sino que, por el contrario, se ofrece en forma pésima y discontinua. Los cortes prolongados del suministro, la baja presión, las pérdidas por roturas de las cañerías y otras reiteradas falencias debieran gravitar, a la hora de definir los costos tarifarios de este suministro.

Es de esperar, entonces, que las autoridades provinciales analicen a fondo estos y otros argumentos, sin perjuicio de que impulsen perentorias medidas para garantizarle a la población un suministro del servicio que se encuentre, al menos, a la altura de las exigencias mínimas.