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lLa polémica que generó la reciente modificacion del cálculo jubilatorio se explica por su creciente incidencia en la suba del gasto público
Un reciente trabajo de Foco Económico, un blog especializado en economía y política da cuenta de las razones que obligaron al Gobierno a realizar la aún hoy controvertida reforma previsional, sin dudas una de las medidas del gobierno de Cambiemos que mayor resistencia pública ha generado.
Según el trabajo, durante la última década, el gasto previsional (la suma de jubilaciones y pensiones) que afronta el Estado nacional creció a un ritmo persistente debido a la vigorosa expansión de la base de beneficiarios. El total de jubilados y pensionados pasó de 3,7 millones en 2005 a 8,3 millones en 2016. Este incremento se nutrió tanto de las sucesivas moratorias previsionales que incorporaron al sistema a pasivos que no habían hecho aportes en edad activa, como del aumento sustancial en el número de pensiones no contributivas (a personas con invalidez, ex combatientes, ex presos políticos, familias numerosas).
La institución en 2009 de una fórmula de actualización de los haberes basada en la evolución de los recursos tributarios que ingresan a ANSeS y de la dinámica salarial; fórmula que terminó propiciando aumentos en las jubilaciones y pensiones bien superiores a la inflación (el haber real de referencia aumentó 23% entre 2010 y 2017).
El reconocimiento de estos derechos ha derivado en un insostenible gasto previsional
Ya durante este gobierno, la instauración de la Reparación Histórica (esto es, el reconocimiento de un vínculo más estrecho entre los haberes jubilatorios y los aportes realizados durante la fase activa), en un intento para bajar la litigiosidad del régimen previsional.
Cada una de estas justificaciones del aumento del gasto previsional lucen –en mayor o menor medida- legítimas y atendibles: el derecho de todo argentino en edad pasiva a contar con una prestación básica aunque no haya hecho los aportes correspondientes; el derecho de ciertos sectores desfavorecidos de la población a percibir una pensión no contributiva; el derecho de los jubilados y pensionados a que sus haberes no pierdan poder adquisitivo con el tiempo; finalmente, el derecho a recibir una jubilación acorde a los aportes realizados en la fase activa. El problema es que el reconocimiento simultáneo de todos estos derechos ha derivado en un aumento explosivo e insostenible del gasto previsional.
Las prestaciones del sistema de seguridad social crecieron del equivalente a 4,3% del PBI en 2005 a un proyectado de 10,1% del PBI al cabo de 2017. Las contribuciones al sistema aumentaron en el mismo período a un ritmo bastante más moroso y a finales del año en curso apenas superarían el 7% del PBI.
La brecha en aumento entre prestaciones y contribuciones del sistema previsional se cubre con rentas generales, comprometiendo cada vez más la salud de las cuentas públicas.
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