Los avances doctrinarios registrados en los últimos años en lo que se refiere a la llamada contaminación acústica, plasmados, incluso, en algunas normas legislativas que apuntan a combatirla, no se han visto, sin embargo, traducidos en mejoras concretas y por consiguiente carecen de eficacia práctica. La mayoría de los habitantes permanece no sólo indefensa, sino virtualmente imposibilitada de accionar frente a los ruidos molestos, mientras que desde el Estado se abren, en el mejor de los casos, canales cuya importancia muchas veces no pasa de ser declamativa.
Lo cierto es que los vecinos vienen ubicando a la contaminación acústica al tope de las quejas que se presentan ante la Defensoría Ciudadana local. En noviembre pasado, por caso, se abrieron ante ese organismo 57 expedientes, de los que el 55 por ciento tuvo que ver con los ruidos.
Si bien menudean los llamados conflictos “de medianera”, que habitualmente terminan por abrir instancias procesales de mediación, la amplia mayoría de las causas refleja el enfrentamiento de vecinos con boliches cercanos a sus viviendas, con centros culturales que realizan distintos espectáculos y con casas de fiestas. Obviamente, los reclamos apuntan a los altos niveles de ruido que dichos lugares emiten en horas nocturnas y hasta altas horas de la madrugada, en situaciones que suelen presentarse también en jornadas laborables.
Según se detalló, de acuerdo con el artículo 84 del Código Contravencional vigente en la Ciudad, será pasible de sanción con una multa de 20 a 1000 módulos (cada uno equivale a $153), e inhabilitación hasta 20 días, quien produzca, estimule o provoque ruidos “cuando por razones de hora, lugar o por su calidad o intensidad, se perturbare la tranquilidad o reposo de la población o causare perjuicios o molestias de cualquier naturaleza, bien que se produjera en la vía pública, plazas parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, y demás en que se desarrollen actividades públicas o privadas”.
Pese a las normas constitucionales y a muchas otras de menor rango -trascendentales, pero virtualmente teóricas- vecinos de la Región continúan indefensos frente a la contaminación sonora. No puede dejar de mencionarse el caso de los automóviles que disponen de poderosos equipos -de tal magnitud que muchos de ellos, por su tamaño, con sus parlantes ocupan el baúl y el sector trasero de la cabina- que se desplazan propalando música a todo volumen frente a inspectores o policías que los dejan pasar haciendo gala de una total pasividad. Esta indiferencia de los inspectores es ciertamente representativa del escaso empeño que ponen las autoridades para combatir a la contaminación sonora.
Frente a agresiones que pueden parecer aisladas, pero que causan daño y perturban la convivencia social, las autoridades debieran actuar con presteza, toda vez que disponen de los instrumentos legales que los obligan a intervenir. Sin embargo en la Región sigue existiendo en algunos casos piedra libre para los ruidos molestos. Los operativos aquí mencionados deben reiterarse sin desmayo y verse acompañados por campañas que induzcan a la población a comprender que la contaminación sonora es un fenómeno muy negativo para la calidad de vida de la población.
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