Allanaron empresas y propiedades de Scioli en la causa por lavado de activos

La sede de varias empresas vinculadas al ex gobernador Daniel Scioli y un campo que fue de su propiedad fueron allanados ayer por la Justicia penal de La Plata en el marco de la causa que investiga al ahora diputado nacional por supuestas maniobras de lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

En los operativos, uno de los cuales fue en el Parque Industrial de La Plata, efectivos de la Policía bonaerense bajo órdenes del fiscal Alvaro Garganta secuestraron documentación contable sobre la venta de un campo por parte de Scioli a una empresa que había sido ampliamente beneficiada en el reparto de obra pública durante la gestión del ex gobernador.

La documentación contable y administrativa, según pudo saber EL DIA, permitiría avanzar en la causa que tiene como principal imputado a Scioli y que se inició a partir de una denuncia de Elisa Carrió. Con todo, en la fiscalía platense hay cautela con respecto a la posibilidad de que la investigación derive en un posible pedido de desafuero contra el recién asumido diputado nacional, como el que el juez Claudio Bonadío dictó contra Cristina Fernández.

Los allanamientos de ayer se enmarcan en las sospechas de defraudación, negocios incompatibles con el cargo y peculado en torno a la venta de un emprendimiento en la ciudad Tigre.

Por orden de la juez platense Marcela Garmedia, y a pedido de Garganta, la policía allanó dos domicilios de la empresa Capanone SA, ubicados en la calle Paraguay al 1400 y Tomás Anchorena al 600, de la que Scioli posee el 99 por ciento de las acciones. También la sede que la empresa Miller Building Internacional SA tiene en el Parque Industrial de La Plata, en la calle 520 y ruta 2, y que fue una de las más beneficiadas durante la gestión del gobernador con la construcción de 15 de las 17 Unidades de Pronta Atención (UPA), entre otras obras públicas.

El fiscal Garganta investiga la venta de un emprendimiento que hizo Capanone a Miller Building en el partido de Tigre y por el que pagó 3.850.000 dólares, cifra que para los investigadores está por encima del valor de mercado.

“En la gestión de Scioli, Miller fue seleccionada en múltiplicidad de ocasiones para realizar obra pública”

Alvaro Garganta,
Fiscal platense

Además, según pudo saber EL DIA, el propio Scioli había incluido esa propiedad en su declaración jurada del año pasado por un valor de 9 millones de pesos. “A los pocos meses, la vendió por 62 millones de pesos”, detalló una fuente judicial.

Por eso, la Justicia intenta determinar si ese monto “oculta una especie de compensación” al ex gobernador por haber adjudicado a Milller distintas obras públicas en el Puerto de La Plata, en la Obra Social del Servicio Penitenciario Bonaerense y el centro de monitoreo de la Autopista del Buen Ayre, entre otras.

La fuente informó que el dato de la venta del terreno surgió luego de un pedido que hizo el fiscal Garganta a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que le detalle si existía “algún registro de Operación Sospechosa en la que haya participado o intervenido Daniel Osvaldo Scioli”. Según la orden de allanamiento Miller “también mantenía negocios a nivel particular con Scioli a través de la construcción de las instalaciones del club de Futsal La Ñata”.

Además le alquilaba el lugar donde despliega su actividad comercial Multiespacios La Posada, un emprendimiento hotelero destinado a eventos sociales y corporativos que ocupa un predio de cuatro hectáreas en el Tigre, y que en enero de este año fue vendido por Scioli a Miller a través de la sociedad Capanone.

Para el fiscal es llamativo que “de manera paralela al cumplimiento del mandato de gobernador del mencionado Scioli, la empresa Miller Building ha sido selecccionada en una multiplicidad de ocasiones para la realización de obras públicas para la provincia de Buenos Aires”.

Es que la empresa ingresó como proveedora en el 2009 y construyó al menos 15 centros de atención primaria de la salud (UPA) en distritos del Conurbano y el interior, que se ejecutaron durante la gobernación de Scioli para descomprimir a los hospitales provinciales.

Por eso, en los allanamientos el fiscal buscó documentación contable relacionada a los vínculos entre dichas empresas entre sí.