Quieren sumar más de 500 cámaras privadas al monitoreo municipal

“Buscamos cámaras que nos puedan aportar información”, es el latiguillo obligado entre policías y fiscales después de cada delito complicado, sobre todo porque la resolución de los más resonantes de los últimos tiempos avala la efectividad de esa herramienta. Un solo ejemplo: el material que filmaron las cámaras de 510 entre 10 y 11 permitió identificar en menos de 24 horas a los dos presuntos asesinos de Abril Bogado (12), en Ringuelet.

En este escenario, las autoridades comunales de La Plata presentaron ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear un “programa de expansión del sistema de video vigilancia municipal”, que establece “la utilización de cámaras de seguridad privadas en zonas comerciales y establecimientos nocturnos de la Ciudad”.

Desde la comuna estiman que con esta iniciativa sumarán “entre 500 y 800 cámaras privadas” a las 1.000 que proyectan tener funcionando para febrero del próximo año. Hoy hay en las calles de la Ciudad alrededor de 440 (con las 87 de un programa nacional).

El objetivo, explicaron, es “fortalecer los sistemas de seguridad comunitaria” en la vía público, por lo que la iniciativa dispone “el acceso remoto a las cámaras de seguridad privadas desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)” que depende de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la comuna y monitorea distintos puntos de la ciudad.

Comerciantes y vecinos pueden ingresar al sistema voluntariamente

El proyecto oficial, al que este diario tuvo acceso, está dirigido a establecimientos específicos, como “boliches nocturnos, entidades bancarias y de recursos financieros, centros de consumo y servicios con una superficie mayor a 1.800 m2 y estaciones de servicio” de toda la Ciudad. Estos son “sujetos obligados”, que podrían ser sancionados si incumplen con los requisitos establecidos en el plazo que fije la reglamentación de la ordenanza.

“Este programa surgió a raíz de denuncias que se realizaron a partir de la presunta desaparición de menores luego de concurrir a boliches bailables durante la noche”, refirió el Secretario de Seguridad y Justicia, Darío Ganduglia.

La iniciativa promueve de esta forma el uso compartido de las cámaras de seguridad privadas, de modo de expandir la red de cámaras del municipio.

Los establecimientos comprendidos en la normativa deberán contar con cámaras fijas y una cámara domo, con posibilidad de movimiento remoto desde la Dirección del Centro de Operaciones y Monitoreo.

Todas las cámaras deberán estar permanentemente captando imágenes, “sin perjuicio de que el local comercial se encuentre abierto o no”, porque se podrá acceder a ese material “las 24 horas, los 365 días del año, teniendo autorización para verificar y evaluar capturas en vivo o en el pasado y extracción de imágenes desde el equipo instalado en el lugar”, detalla el proyecto.

“La idea es contar con una herramienta más, en este caso de cámaras privadas, a la hora de realizar esclarecimientos en causas judiciales de este estilo”, explicó el funcionario. Y agregó: “El uso es compartido, no se entra indebidamente en la cámara, sino que se puede visualizar desde el COM”.

Según Ganduglia, “la idea primaria es contar con cámaras privadas que visualizan espacios públicos, motivo por el cual se les pide que cubran todo el perímetro de los comercios para tener una visión constante”.

Aquellos establecimientos que ya tengan instaladas videocámaras al momento de que entre en vigencia la ordenanza, “tendrán un plazo que establecerá la reglamentación, para la adecuación del sistema instalado a efectos de que resulte compatible con la tecnología requerida para su conexión con la Dirección Centro de Operaciones y Monitoreo y con el resto de las exigencias contenidas” en la normativa.

Desde la Municipalidad aclararon que los propietarios de establecimientos comerciales que no estén incluidos en la reglamentación, “así como los vecinos y los consorcios de propietarios sometidos al régimen de propiedad horizontal o similar, podrán proceder voluntariamente y adherirse al sistema de monitoreo compartido”.

Ganduglia se mostró entusiasmado con la idea, que, según informó, ya tiene “dos despachos de comisión”.

El funcionario descartó que, “como creen algunos comerciantes, el objetivo de la ordenanza sea fiscalizar o controlar la cantidad de gente que asiste a sus establecimientos, ya que el sistema no tiene ninguna conexión con APR (Agencia Platense de Recaudación), ARBA, ni AFIP”. Resaltó que “es sólo para visualizar el espacio público o perímetro ante un hecho judicial o policial” e insistió en que las cámaras sólo registrarán lo que suceda en la puerta o el perímetro público de los establecimientos.

Por último, el programa prevé sanciones para aquellos que incumplan con la normativa: “Una multa que se graduará entre uno y cinco salarios básicos de la Categoría mínima del personal municipal de la planta permanente”.