El estado brasileño de Espírito Santo, donde se contabilizan 105 muertes desde que la policía inició una huelga el sábado pasado, volvió a quedarse ayer sin micros públicos luego de que fuera asesinado un dirigente del sindicato de choferes, quienes afirman que están amenazados.
Desde que arrancó el paro por un reclamo de aumento salarial y se desató una descomunal ola de violencia, este estado del sureste de Brasil está casi paralizado: comercios, escuelas, centros de salud, supermercados y universidades cerraron sus puertas, en tanto que los propietarios de los micros los retiraron de las calles.
Pese a que los colectivos volvieron a circular el martes luego de que miembros del Ejército y de la Fuerza Nacional de Seguridad comenzaran a patrullar las calles, los choferes decidieron suspender nuevamente el servicio en protesta por el asesinato de un líder sindical y por las amenazas que dicen haber recibido. El presidente del Sindicato de Conductores de Micros de la ciudad de Guaraparí, Wallace Barao, fue asesinado a tiros el jueves, poco después de salir en auto de su casa en Vila Velha, ciudad en la región metropolitana de Vitoria, la capital de Espírito Santo.
La gobernación de Espírito Santo, que acusa a los policías de “chantajear” a la sociedad con su protesta, transfirió el control de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas hasta el 16 de este mes. Familiares de los agentes mantienen bloqueadas las salidas de las comisarías desde el sábado, dado que los policías no pueden manifestarse ni hacer huelga porque están bajo el reglamento del Ejército. La protesta responde a un reclamo de mejoras salariales y laborales para los 10.000 agentes, que perciben un sueldo básico de 2.642 reales (unos 800 dólares) y llevan tres años sin aumentos.
SUSCRIBITE a esta promo especial