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El teléfono de Cristina en la mira del fiscal

Cristina, investigada por la denuncia de Nisman

Por Redacción

Cruces telefónicos entre los principales ex funcionarios del Gobierno, encabezados por la ex presidenta Cristina Fernández y el resto de los denunciados; datos a organismos que dependen del Gobierno de Mauricio Macri y la copia de la declaración del espía Antonio Stiuso en la causa por la muerte de Alberto Nisman, son parte de las pruebas que requirió ayer el fiscal Gerardo Pollicita para avanzar en la investigación de la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de aparecer muerto.

Entre los 32 puntos de disposiciones planteadas por el fiscal para impulsar la acción penal, el fiscal apuntó a los teléfonos de Cristina, el ex canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el dirigente piquetero Luis D’Elía, el abogado y ex juez Héctor Yrimia, el presunto agente de inteligencia Allan Bogado, el líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente de la comunidad iraní Jorge Alejandro Khalil, denunciados originalmente por Nisman.

A eso les sumó los ex funcionarios que incluyó ayer en su escrito: el ministro de Planificación Federal y hoy diputado Julio De Vido, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona (ver aparte).

El fiscal pidió al juez Ariel Lijo que disponga “el cruce de los abonados telefónicos con miras a determinar la existencia de conexiones telefónicas entre los sujetos investigados -y su frecuen cia-, siempre desde el mes de enero de 2011 hasta diciembre de 2015”.

Para ello solicitó informes a las compañías de telefonía móvil y fija los números oficiales de cada imputado, mientras que se solicitó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, conocer los números de línea que Cristina y sus funcionarios usaban en los despachos oficiales.

Lo mismo hizo con distintas dependencias donde se desempeñaban los denunciados, incluso el Congreso, donde trabaja Larroque.

También reclamó a la Secretaría General de la Presidencia “los registros de visitas de la Casa de Gobierno y la residencia presidencial de Olivos” de los imputados, los datos de entradas y salidas de Migraciones de los acusados y los viajes de Timerman a países entre los que aparecen Irán, Israel, Etiopía y Venezuela. La causa entra ahora en una nueva fase.

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