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Con lo que se destina por año a los arreglos se podrían construir aulas para más de 300 alumnos
Durante 2016, cada 36 horas fue atacada una escuela platense. En total, se registraron 237 episodios delictivos. La inmensa mayoría con fines de robo y destrucción y el resto con el objetivo de romper por romper: vandalismo puro y duro. Ningún delito fue esclarecido.
Números y circunstancias de una auténtica epidemia que desde años no para de crecer y nadie detiene; en rigor, nadie atina a detener.
En ese contexto, 8 de los 10 consejeros escolares de la Ciudad firmaron una nota el 5 de diciembre pasado pidiendo a la dirección general de Cultura y Educación bonaerense que se implemente en los “establecimientos críticos” la figura del sereno, ante la comprobada ineficacia de las alarmas como sistema de seguridad. La respuesta, de palabra, fue “no”.
Hay cifras aún más alarmantes. Los 237 ataques vandálicos implicaron un “desvío” de fondos del Consejo Escolar de más de 3 millones de pesos. Concretamente, el organismo destinó 3.161.564,92 pesos a reparar las consecuencias de las agresiones a edificios escolares.
“Esa es una constante. Si roban, además destrozan todo lo que pueden. Y hay casos en los que ni siquiera roban”.
Ese monto representó el 43% del fondo compensador, tal el nombre del presupuesto que recibe el Consejo Escolar.
¿Qué se podría hacer con ese dinero?
En principio, destinarlo a lo que debe destinarse, es decir, el mantenimiento cotidiano de los inmuebles escolares. “Cada peso que se gasta en reparar los destrozos de los actos vandálicos deja de invertirse en un vidrio, una puerta, una gotera o cualquier arreglo que requieran otros establecimientos”, apuntó el presidente del Consejo, César Damián Birocho.
Un ejemplo. En La Plata, tal como informó este diario hace dos semanas, faltan casi 800 aulas en los establecimientos educativos de nivel primario y casi 600 en los jardines de infantes. Ello provoca que cientos de chicos tomen clases en pasillos, bibliotecas o comedores. O, en el “mejor” de los casos, aulas superpobladas donde apenas entra la maestra. Y en los jardines, directamente genera listas de espera y niños sin escolarizar. “Con los más de 3 millones de pesos que se destinaron a arreglar los daños provocados por los delincuentes en 2016, se podría haber garantizado la escolarización de 300 alumnos”, indicó el responsable de mantenimiento del Consejo Escolar, Arturo Chueco.
En El Peligro, el Jardín 945 funciona en un solo aula cedida por una escuela primaria, y cada año quedan alrededor de 150 pequeños en lista de espera. Por caso, se hubiese podido asegurar la escuela a esos niños y a 150 más.
“La colocación de rejas, cerraduras suplementarias, el tapiado de puertas y ventanas, así como los pasadores y candados instalados con la finalidad de evitar el ingreso de vándalos, termina por convertir a los edificios escolares en espacios de circulación lenta e intrincada que afectan la funcionalidad cotidiana de la escuela, circunstancia que se ve agravada ante un posible siniestro que demande una rápida y segura evacuación de alumnos, maestras y auxiliares”, describe Chueco.
“No hay reja o alarma que minimice los ataques. Es por ello que desde 2013 formo parte de un grupo que viene solicitando reflotar al sereno o casero allí donde sea posible”, recordó Birocho.
Pero destacó que “en la gestión anterior no tuvimos eco. Cuando asumió el nuevo gobierno (provincial), esperamos un año para volver sobre la cuestión, pues contemplamos todas las dificultades a que se enfrentan funcionarios entrantes. Fue así que el 5 de diciembre, y sobrepasados por las circunstancias y las denuncias, elevamos una carta con la solicitud. Dijeron que era un gasto imposible de afrontar, pese a que aclaramos que no buscábamos cubrir los 312 edificios, sino los más castigados, aquellos que desde hace tiempo son blanco de los maleantes una y otra vez”, relató.
El escrito lo suscribieron los 4 consejeros del Frente Renovador, los 3 del Frente para la Victoria y uno de los tres de Cambiemos, quienes se preguntan qué sale más caro: ¿El sueldo de una veintena de serenos o el dinero que permita construir aulas para escolarizar a más de 300 chicos al año?
Hay casos que superan lo imaginable. Como el de la Escuela Primaria Nº 116 de Los Hornos -146 y 58-, que el año pasado fue atacada 12 veces. Un promedio de una vez al mes. Promedio, pues entre el 1º de agosto y el 21 de septiembre ingresaron 7 veces a robar y romper.
“Esa es una constante. Si roban, además destrozan todo lo que pueden. Y hay casos en los que ni siquiera roban”, dijo Chueco para hacer especial mención al incendio intencional que sufrió la Escuela Secundaria Nº 15 de City Bell -19 y 464- el 9 de noviembre. Más de medio inmueble derruido y 141.000 pesos para reparar los daños.
A todo esto, es de destacar que el Consejo Escolar recibió durante el ciclo lectivo 2016 la suma de $75,53 diarios por cada edificio escolar. Dicho de otra forma, si a esa suma irrisoria se le quita el 43% que demandó el vandalismo, al organismo le quedaron por día $43,06 por inmueble.
Cada ataque a una escuela, además, implica días sin clases, resaltaron los responsables del Consejo.
Comentaron que “a pesar de que hemos realizado numerosas reuniones con las más altas jerarquías policiales de la Región, nunca se pudo encontrar una salida eficaz para la prevención de los delitos cometidos contra los edificios escolares del distrito”.
Y rememoraron que “una propuesta que elevamos en el 2011, que un juez impidió, fue la colocación de cámaras de seguridad, tanto en las inmediaciones de las escuelas como en el interior de las mismas, en horarios inhábiles. Esto fue rechazado con el pretexto de preservar a los alumnos”.
Con todos esos datos y experiencias a cuestas, afirmaron que “la colocación de alarmas presenta una limitada solución al problema, debido a que requiere de la inmediata presencia de las autoridades de la institución ante la activación de la misma. Aparte, la presencia del directivo en el lugar del hecho donde se produce el delito significa un grave riesgo para el mismo”.
¿Quién defiende a las escuelas?
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