Sergio Rodríguez, el fiscal jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que presentó una denuncia penal para que se investigue el acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino SA, dijo que “el sentido común indica que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa del 2001 hasta el 2033”.
“Si uno es acreedor, no quisiera cobrar lo mismo que me debían en el 2001 después de tantos años”, sostuvo el fiscal en referencia a los 296 millones de pesos que el Estado verificó como deuda en aquel entonces.
Por otra parte, también nformó que en su denuncia le solicitó al procurador del Tesoro Nacional, Juan Carlos Balbín, que “haga una auditoría de todo el proceso concursal” para saber “qué pasó del 2001 hasta hoy” que todavía no se cobró la deuda y advirtió que podrían ser responsables funcionarios de gobiernos anteriores.
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