La situación del empleo sigue generando inquietud a nivel nacional. Según estudios privados basados en datos del Indec, en el tercer trimestre del año pasado se habrían perdido casi 128.000 puestos de trabajo en el sector privado en relación al 4 trimestre del año anterior.
El dato coincide con las cifras del Indec, que estimó la desocupación en el 8,5 por ciento en el tercer trimestre del año pasado en relación al 5,9 del año anterior. Al mismo tiempo el organismo oficial detectó que se incrementó en un punto la tasa de actividad que pasó del 54,7 al 55,7 en la medición del tercer trimestre del 2015 y del año pasado respectivamente. Según se estima esto obedece a la menor capacidad de compra de los salarios y de la mayor incertidumbre sobre el futuro laboral, lo que hace crecer la búsqueda de nuevos puestos.
Mientras tanto la participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno pasó del 38 en que estaba virtualmente estancado desde 2012 al 35,5 por ciento en el segundo semestre del año pasado.
OFENSIVA OFICIAL
En este marco, desde el Gobierno están tratando de realizar acuerdos sectoriales, muchos de los cuales buscan modificar los convenios colectivos de trabajo con el argumento de mejorar la competitividad de la producción argentina.
Sobre la base del acuerdo alcanzado con los gremios petroleros para aplicar en el yacimiento de Vaca Muerta se busca replicar acuerdos en otras áreas productivas, tendientes a bajar significativamente los costos laborales.
Pero mientras en el sector privado, se redujo los apuntados 128.000 puestos de trabajo, en el sector público, lejos de caer el número de empleados creció, aunque levemente un 0,4 por ciento en octubre del año pasado en relación a diciembre del 2015.
Eso se debió a que luego de los despidos producidos en el inicio de la gestión macrista, se reincorporó más personal del despedido.
En ese sentido y con el objetivo de cambiar el funcionamiento de la administración federal, se anunció un plan para destinar unos 60 millones de pesos a la capacitación de más de unos 80 mil empleados públicos. Invertir recursos y esfuerzos en modernizar el sector público se justifica ya que la convivencia pacífica y el emprender un proceso sostenido de desarrollo económico y social sólo son posibles con la presencia de un Estado sólido, transparente y profesional.
PRIORIDAD
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) darle prioridad al empleo público también se justifica por otros motivos. Por un lado, porque el desempeño de los recursos humanos condiciona decisivamente el funcionamiento del Estado. En segundo lugar, porque el gasto en personal absorbe una porción muy importante de los presupuestos estatales: representa el 14% en el Presupuesto nacional y el 65% en promedio en los Presupuestos provinciales y municipales.
Sin embargo surgen interrogantes, como ser si capacitar a los empleados públicos es suficiente para modernizar el Estado.
Según el Ministerio de Trabajo entre los años 2012 y 2016 se observa que los empleados registrados en el sector privado aumentaron en 120 mil personas sobre un total de 6 millones de trabajadores en esta condición.
Los empleados públicos en los tres niveles de gobierno aumentaron en 483 mil personas entre un total de 3 millones de empleados estatales.
Esto significa que en los últimos cuatro años se generaron 4 empleados públicos por cada nuevo empleado en el sector privado registrado.
AUMENTO DE ESTATALES
Estos datos muestran que el sector público estuvo sometido en los últimos años a un proceso masivo de nuevas contrataciones. En parte se explica por la débil generación de empleos privados en un contexto en el que el sector público ofrece, en la mayoría de los casos, salarios más altos y menos exigencias.
El resultado es que se agravaron problemas estructurales de sobredotación de empleo público que vienen de larga data.
Profesionalizar el empleo público es una meta muy desafiante porque requiere enfrentar los intereses espurios enquistados en la sobredotación. Con el agravante de que la sociedad no percibe en su real dimensión los enormes perjuicios que generan estos excesos.
No hay conciencia de que incorporar gente que no se necesita al Estado es tan dañino como cobrar sobreprecios en la obra pública.
Peor aún, es frecuente que la laxitud en la contratación y la gestión de los empleados públicos sean asociadas con la sensibilidad social.
En este desorden generado por las contrataciones indiscriminadas, los planes de capacitación no sólo que no aportarán soluciones sino que agravarán el problema ya que promoverán que el gasto público siga aumentando sin mejorar el desempeño. Un primer paso para avanzar en la modernización del Estado es replantear las funciones respetando la organización federal.
Existe una gran cantidad de programas nacionales que se superponen con funciones provinciales. Eliminando estas dobles funciones se podrían eliminar derroches y generar las condiciones para que las provincias y los municipios mejoren la gestión de los servicios.
Otra acción imprescindible es revisar la interpretación que se hace de la garantía de estabilidad en el empleo publico.
Aplicar esta regla de manera extrema, excediendo el espíritu que la justifica que es evitar manipulaciones y manejos arbitrarios, genera poderosos incentivos a la falta de compromiso.
Antes de avanzar en la formación y preparación de los recursos humanos es necesario clarificar los roles y los objetivos que se buscan conseguir.
Por eso, la capacitación resulta inocua y destructiva si previamente no se hace un replanteo institucional profundo que articule los roles que deben cumplir la Nación y las provincias y se reformulen las reglas de premios, castigos y estabilidad en el sector público, concluye el informe de Idesa.
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