La investigación por la presunta evasión tributaria del empresario kirchnerista Cristóbal López por unos 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles cambió de juez y de fuero.
La Cámara Federal resolvió mandar el expediente a la Justicia en lo Penal Económico para que se investigue el delito tributario, en lugar de permanecer en el fuero federal porteño, con hipótesis delictiva de "defraudación contra la administración pública".
En los hechos, el cambio de fuero implica un agravamiento de la acusación contra Cristóbal López y también contra el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, puesto que el delito que se investigará tiene una pena en expectativa más alta que el que estaba en juego hasta ahora.
La defraudación contra la administración pública es una de las formas de la estafa, y tiene una pena mínima de un mes y máxima de seis años de prisión, en tanto que la evasión tributaria por montos como los involucrados en este caso prevén una mínima de tres años y medio y una máxima de nueve años, en ambos casos de cumplimiento efectivo.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler enviaron la causa al fuero Penal Económico, en donde hay una investigación vinculada que está a cargo del juez Javier López Biscayart.
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