La alianza oficialista Cambiemos logró ayer en la Cámara de Diputados sortear una jugada de la oposición que intentó avanzar en una eventual “interpelación” del presidente Mauricio Macri, a raíz de la polémica desatada por el acuerdo del Estado con el Correo.
En el marco de una sesión convocada dentro del periodo extraordinario para tratar la reforma de la ART, la diputada por el Frente de Izquierda Soledad Sosa, pidió un apartamiento del reglamento para tratar sobre tablas el proyecto sobre la “inmediata interpelación” del Jefe de Estado, del jefe de Gabinete Marcos Peña, y del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, por el “escándalo”, dijo, en alusión al acuerdo por el Correo. La interpelaciòn, en principio, es una figura contemplada para los ministros y no para el Presidente, aunque el pedido apuntaba en esa dirección.
“Desde las bolsas de López a la condonación presidencial, hay un régimen político que se sirve de utilizar a las finanzas del Estado para el enriquecimiento personal”, disparó la legisladora mendocina para argumentar su pedido, aunque la oposición no pudo alcanzar los dos tercios de los presentes al cerrar la votación con 113 diputados a favor y 79 en contra.
Si bien rechazó los pedidos de interpelación, el oficialismo aceptó que el ministro Aguad tenga que presentarse el próximo martes a las 15 ante la comisión de Comunicaciones, que preside el aliado massista Juan Brügge, para que responda sobre los términos del acuerdo celebrado por el Correo.
Lo cierto es que ayer la Cámara de Diputados fue escenario para que los distintos sectores de la oposición llevaran su queja por el acuerdo que el Estado firmó con el grupo Macri por una antigua deuda del Correo.
Más de treinta cuestiones de privilegio se presentaron en repudio al pacto por el Correo en casi cinco horas de la sesión sin que exista ninguna respuesta desde la coalición oficialista.
El massista Felipe Solá cuestionó el convenio con el Correo al declararse “no sorprendido ni anonadado, sino dolido”, tras lo cual se preguntó: “Cómo se puede llegar a hacer un acuerdo que refiere a una empresa que ha sido de la familia Macri, que dejó de pagar los cánones al Estado nacional, con lo que significa eso como gravedad, y que lo hizo mientras Mauricio Macri era director”.
Desde el bloque kirchnerista, Rodolfo Tailhade calificó como “abusivo y ruinoso” para el Estado el acuerdo y pidió “poner el foco” en la tarea de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en “la responsabilidad personal del presidente y el ministro Aguad”.
La peronista disidente Araceli Ferreyra cargó contra el ministro de Comunicaciones al afirmar que “Aguad es un delincuente de guante blanco”, pidió que declare “la nulidad del choreo argentino” y fustigó al presidente al apuntar que con un DNU benefició a “papá Macri” al habilitar que los familiares de los funcionarios puedan participar en el proceso del blanqueo pese a que la legislación lo impedía.
En este contexto, la legisladora advirtió: “El presidente o lo echa a Aguad y saca un decreto reclamando la nulidad por el conflicto de intereses o vamos tener que hacer el pedido de enjuiciamiento contra este ministro”.
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