El grupo Macri negó irregularidades

La empresa del padre del presidente Mauricio Macri que gestionó el servicio de correo oficial entre 1997 y 2003 pidió a la Justicia que rechace el dictamen fiscal que cuestiona el polémico acuerdo de pago de deuda al que llegó con el Gobierno y negó que existan irregularidades en el mismo.

En un escrito publicado ayer por un medio de capital federal, la sociedad Correo Argentino S.A, que integra el conglomerado de empresas Grupo Macri, pide a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que rechace la resolución de la fiscal Gabriela Boquín, a quien acusa de querer “confundir a la opinión pública politizando” el tema.

Además, en defensa del Gobierno, el texto asegura que en el convenio firmado “no hay alteración al orden público, ni se viola la ley de ética pública cuando se pretende pagar una deuda que no debió haber existido nunca”.

“La propuesta no es un acuerdo abusivo, espurio, antojadizo ni oscuro”, enfatiza.

También apunta contra el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) al considerar que en 2003 dispuso “la peor estatización realizada por el Estado nacional” y señala los “embates jurídicos y sobre todo políticos de la anterior administración”, ya que cuando Kirchner asumió la presidencia “decidió por decreto rescindir el contrato de concesión y apropiarse de todos los bienes y activos” de la empresa, “sin pagar un solo centavo”.

Advierte también que el Estado “se convirtió así en el principal beneficiado de la prolongación de la situación concursal”, ya que siguió usufructuando “en forma gratuita” todos los activos.

En 1997, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), el servicio de correos fue privatizado y recayó en Correo Argentino, del grupo encabezado entonces por el empresario Franco Macri.

En 2001 la sociedad entró en concurso de acreedores y generó una millonaria deuda con el Estado por impago del canon de la concesión del servicio, mientras que dos años después, Kirchner decidió renacionalizar el correo y el conflicto de la deuda se alargó hasta que en junio del año pasado el Ejecutivo de Macri llegó al acuerdo con la empresa -todavía por homologar- criticado por Boquín.

El escrito conocido ayer, de diez páginas, defiende la propuesta realizada por la compañía en el acuerdo con el Estado y señala un “llamativo y espurio manejo de las cifras” hecho por la fiscal.

La deuda se remonta a 2001 y asciende a 292 millones de pesos.