Una denuncia penal convulsiona a los vecinos del Grand Bell

Un escándalo con connotaciones penales y económicas sacude a la pequeña comunidad del country Gran Bell de nuestra ciudad, donde viven unas 350 familias. Se trata, concretamente, de una sospecha por presunto desvío de fondos recaudados a través del cobro de expensas, que acaba de derivar en la presentación de una denuncia penal por el delito de administración fraudulenta.

El Grand Bell es uno de los barrios cerrados más exclusivos de la Región. Ha sido escenario de varios hechos policiales: el más resonante y escandaloso fue el que tuvo como víctima al intendente Julio Garro -uno de los vecinos del lugar- cuando delincuentes asaltaron su casa y atacaron a su familia en el inicio de su gestión al frente de la Comuna. Por aquel hecho -como se sabe- está preso un policía que alquilaba en el mismo country una casa por 40 mil pesos mensuales.

Pero el Grand Bell vuelve ahora a los tribunales penales por un tema de otra índole. Los vecinos Eduardo Basile Cairo y Adrián Ricardo Pérez Ciappa presentaron una denuncia que recayó ante la Unidad Fiscal Nº 11 (a cargo de Alvaro Garganta) para que se investigue, entre otros hechos, el supuesto desvío de fondos pertenecientes al Grand Bell para el desarrollo de otro barrio cerrado que se conoce como Grand Bell II.

FISCAL Y VECINO

Los propios denunciantes creían ayer que el fiscal se podría excusar de intervenir en el asunto por un detalle: vive en el Grand Bell.

Lo que denuncian, concretamente, es que una parte de la plata que recaudan por las expensas en el Gran Bell sería desviada en beneficio de una empresa -a la que identifican como Seras S.A.- encargada del desarrollo del Grand Bell II. Afirman, además, que los fondos aportados por los consorcistas del Gran Bell (para el mantenimiento y servicios de su propio barrio) se han utilizado, también, para el pago de servicios y obligaciones del otro emprendimiento. Denuncian, por ejemplo, que el “club house” del Gran Bell II “se encontraría conectado al medidos eléctrico correspondiente a la sociedad Gran Bell I” y que la factura de luz del Gran Bell pasó de unos 26 mil pesos a unos 100 mil.

La situación ha dado lugar a una serie de pedidos de explicaciones y hasta provocó renuncias en el directorio del Grand Bell, que integraban, además de los dos denunciantes, Augusto José Ripoll (presidente), Sergio Betancor y Ricardo Ortíz.

Según se consigna en el texto de la denuncia penal, “un grupo de vecinos pidió explicaciones al directorio sobre algún tipo de incompatibilidad o contraposición de intereses que el señor Sergio Betancor pudiera tener para desarrollar su función de director, ya que a través de su inmobiliaria, es quien comercializa los lotes del complejo Gran Bell II. El señor Betancor -detalla la denuncia- renunció inmediatamente a su cargo como director junto con el Dr. Ortíz, quien ya había presentado su renuncia”.

El Grand Bell es uno de los countries más exclusivos de la Región y ya ha sido escenario de varios casos policiales

Al síndico de la sociedad que administra el Gran Bell, el contador Urbinati, ya le pidieron una rendición de cuentas en el marco de la situación que ahora llegó a la Justicia penal.

La denuncia no precisa el monto global de la supuesta defraudación, pero hace algunas referencias que dan indicio de que el presunto desvío podría ser millonario y se podría haber producido al menos durante dos años. En Grand Bell los propietarios pagan expensas mensuales del orden de los 8.500 pesos.

En la presentación penal, los denunciantes piden que sean citados como testigos Néstor Raúl Sciarra, Pablo Caissyals, Isidoro Bonicatto, Andrés Leibovich, Gastón Cattogio, Martín Baraybar y Héctor Bagnasco Rocha; la mayoría de ellos, propietarios que viven en el country.