Lo solicitó el fiscal federal nº 2 de Morón, Carlos Hernán García, pidió la elevación a juicio oral de la causa en la que Carlos Darío Lares está imputado por una serie de amenazas telefónicas, en las que afirmaba que detonaría una bomba para matar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
El imputado, de 30 años, permanece detenido, y en su domicilio se secuestró una granada marca FK2, por lo que sobre Lares recae el delito de intimidación pública, en concurso ideal con el de tenencia de material explosivo sin la debida autorización legal.
Después de las amenazas la gobernadora se mudó por su seguridad a la Base Aérea de Palomar, donde vive actualmente con sus hijos.
El fiscal García consideró que en agosto del año pasado Lares efectuó las llamadas intimidantes al 911 desde el teléfono celular de su sobrina menor de edad, "bajo la creencia de no ser identificado".
Para el funcionario judicial, Lares "amenazó con la comisión de un delito que atañe a la sociedad, no solo por la calidad de funcionaria pública que reviste Vidal, sino porque la circunstancia de haber hecho deflagrar la granada habría afectado a otros integrantes de la comunidad y, claro está, al grupo familiar de la gobernadora".
En el escrito que presentó García ante el juez Jorge Rodríguez se detalla que durante la investigación se ordenó a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón el allanamiento de la vivienda de Lares, y durante el procedimiento se secuestró el celular utilizado en los llamados intimidatorios, mientras que en un galpón de la vivienda se incautó la granada de mano.
Luego personal de la Dirección de Explosivos del Ministerio de Seguridad realizó la detonación de la granada en un espacio público y despejado, ante la presencia de un testigo.
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