Todos los imputados por las supuestas irregularidades millonarias en la adjudicación de obra pública durante el kirchnerismo, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, apelaron ayer sus procesamientos dictados a fines del año pasado por el juez federal Julián Ercolini.
Entre quienes presentaron las apelaciones figuran el ex ministro de Planificación y diputado nacional Julio De Vido y el detenido empresario Lázaro Báez, quien resultó adjudicatario de parte de los contratos de obra pública durante el anterior gobierno.
También, pero desde la acusación, apeló el fiscal Gerardo Pollicita, quien se opuso a la falta de mérito que favoreció a Abel Fatala, quien fue subsecretario de Obras Públicas.
En relación con Cristina Fernández, el escrito de apelación fue presentado por su abogado, Carlos Beraldi, directamente ante el juez Ercolini, para su posterior elevación a la Cámara Federal.
Será la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Leopoldo Bruglia, la que deberán revisar la decisión de Ercolini.
Si bien no trascendió aún el escrito, la ex mandataria argumentó que no existió una asociación ilícita y que ella, particularmente, no tomó parte en las decisiones de adjudicación de obra pública, sino que se respetó un mecanismo establecido en las leyes de adjudicación de contrataciones por parte del Estado.
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