La defensa del docente Lucas Puig, que está acusado por abuso de menores en un jardín de infantes de Los Hornos, recurrió ayer el fallo del tribunal de Casación bonaerense, que no sólo anuló la absolución que le habían dictado en primera instancia, por falta de valoración de “gran parte de las pruebas desarrolladas durante el debate”, sino que además ordenó la realización de un nuevo juicio, con otra integración de jueces.
La presentación, que lleva la firma de los abogados Daniel Apaz y Adrián Fernández Koenig, fue realizada ante la Suprema Corte, el máximo órgano de Justicia provincial, a la que le plantearon que “la solución propuesta por la sentencia en crisis, resulta a todas luces absurda, arbitraria, contradictoria, no ajustada a derecho y alejada de toda normativa vigente, tornando inaplicable el artículo 461 del C.P.P., que en el especifico caso de autos colisiona con las normas de rango constitucional enunciadas (...) lo que conduce a dictar la confirmación de la absolución del imputado Lucas Manuel Puig”, que oportunamente dictó el Tribunal I de La Plata, en fallo dividido.
También, al plantear el Caso Federal, dijeron que “el fallo en crisis ha contrariado palmariamente el derecho de defensa, el debido proceso, y las garantías de defensa non bis in idem e in dubio pro reo, todas pautas supremas consagradas en el texto constitucional y en sendos pactos internacionales”.
Para los letrados de Puig, se trata de “un caso sensible que ha conmovido a toda una sociedad educativa (alumnos, docentes, directivos y auxiliares docentes)”, con intervención directa de la Dirección de Cultura y Educación, que “luego de sustanciar el sumario pertinente n encontró ninguna conducta irregular”.
“Se acreditó, a lo largo de todo el proceso, que los hechos no han acontecido, que el juicio y el debate se constituyeron legítimamente y resultan plenamente válidos; sin que ninguna parte planteara su nulidad o cuestionara la validez de los mismo; que las partes suscribieron conformes el instrumento primordial del juicio, “las acta de debate”, que presentan toda validez, de la que nadie se disconformó”, agregaron.
La defensa de Puig, en tanto, le apuntó al voto del Dr. Ordoqui, sobre el que describieron “una flagrante auto contradicción” al señalar que, en otra integración del mismo tribunal de Casación, el magistrado aplicó un criterio totalmente diferente al que usó en el caso Puig y que, de haber seguido sus lineamientos, plasmados aparentemente en varias resoluciones, no habrían más que favorecido la posición del imputado.
La investigación contra el docente se inició hace más de seis años cuando se lo imputó por el presunto abuso de dos niños de 3 y 4 años.
Tras la acusación, Puig fue detenido durante un mes, pero luego la Cámara de Apelaciones ordenó su excarcelación por lo que llegó en libertad al juicio oral.
Tras más de dos meses de audiencias, en diciembre de 2015, sus abogados defensores Adrián Fernández Koenig y Daniel Apaz solicitaron en su alegato la absolución por considerar que no había elementos probatorios para acreditar los delitos que se le imputaban.
Por contrapartida, las fiscales del caso, Helena de la Cruz Orsi y Silvina Langone, habían solicitado al Tribunal que condene a Puig a la pena de 25 años de prisión mientras que los abogados de los familiares de uno de los niños pidió 17 años de prisión.
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