Al margen de que serán las pericias oficiales las que determinen las causas y eventuales responsabilidades de los dos graves accidentes de micros ocurridos en los últimos días en rutas del país –el primero de ellos en Mendoza con 19 víctimas fatales y 22 heridos; el segundo, a doce kilómetros de Rosario, con 12 personas fallecidas y otras 34 heridas- no hay dudas de que persisten en nuestro país numerosos factores que inciden sobre la inseguridad vial reinante y, más específicamente, en los episodios trágicos que se registran a partir del servicio de transporte de pasajeros.
A esos accidentes se sumaba en la mañana de ayer el choque entre dos automóviles y un colectivo en la ciudad santafesina de Las Parejas, que dejaba el saldo provisorio de seis personas muertas. Esto significa que en menos de una semana y en sólo tres episodios fallecieron 37 personas en nuestro país.
Es incontrastable que desgracias como las ocurridas en estos días constituyen pruebas palmarias de que las distintas administraciones responsables deben actuar en forma enérgica, para corregir deficiencias u omisiones que suelen ser decisivas a la hora de encontrar las causas de estos dramas. Y que dejan en claro que la falencia mayor e indisculpable es la ausencia, desde hace demasiado tiempo, de una política vial integral.
¿Cómo no recordar aquí el choque frontal de un ómnibus, sucedido hace diez años en una ruta santafesina, en el que viajaban alumnos del Colegio Ecos de la capital federal y que dejó el saldo de diez jóvenes muertos? El propio intendente de la localidad en la que se registró el accidente advirtió entonces que esa vía caminera, que contaba con tan sólo siete metros de ancho para sus dos carriles, absorbía un denso tránsito de camiones, ómnibus y autos procedente de Paraguay, Brasil y de las provincias de Corrientes y de Córdoba, así como del flujo local de vehículos.
¿Cómo no hablar de la cerrada oscuridad nocturna que impera en muchos caminos? ¿Cómo no aludir a la falta banquinas en condiciones y de señalizaciones horizontales o verticales? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado en los últimos tiempos para modernizar el sistema vial, sea nacional, provincial o el de las redes secundarias que sirven para las localidades alejadas del interior? La realidad se encarga de responder con elocuencia: con excepción de algunas pocas autopistas, la mayoría de las rutas del país y de nuestra provincia son angostas y carecen de separación de carriles. Una falta absoluta de alumbrado, señalizaciones deficientes, carencia de banquinas o de vías de escape y, sobre todo, pavimentos obsoletos, sumamente riesgosos para desplazarse por ellos, constituyen los rasgos dominantes.
Los interrogantes pueden extenderse, asimismo, hacia la eficacia o no de los controles psicofísicos que se hacen sobre los choferes o a las condiciones mecánicas que exhiben las unidades que trasladan a 50 o más pasajeros. En otro orden, ¿acaso se registran, también, fiscalizaciones debidas sobre el grado de acatamiento a las leyes del tránsito por parte de los choferes?
Está claro que los factores de riesgo nunca desaparecerán por completo y que no existe la posibilidad de suprimir la fatalidad en el tránsito. Pero las autoridades debieran hacer mucho más en lo que concierne a las estructuras viales disponibles, a la indisciplina y estado psicofísico de los choferes así como al mejoramiento de las condiciones mecánicas de los colectivos, en responsabilidades que atañen, estas últimas, acaso esencialmente a las empresas. Es por ello que, frente a estos accidentes tan dolorosos corresponde realizar un nuevo y enérgico llamado de atención, para que se advierta una urgente reacción de los organismos estatales competentes y de la propia ciudadanía.
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