Una sola herramienta no alcanza para la lucha contra la inseguridad vial

La posibilidad de que se instalen más radares en las rutas de la Provincia para controlar los excesos de velocidad y procurar bajar los altos índices de siniestralidad, tal como lo anunció el Gobierno bonaerense, constituye una medida que genera expectativas positivas, aún cuando, desde ya, correspondería advertir que la inseguridad en las rutas no se combate exclusivamente con ese método y que son muchas otras las acciones, en especial las de naturaleza educativa, que no pueden faltar en una política integral de tránsito.

Según dijeron funcionarios provinciales, en la actualidad hay colocados 120 cinemómetros fijos y otros 20 móviles, pero desde las áreas con incumbencia en el tema se sostiene que ese número es insuficiente por lo que analizan adquirir otros 70 aparatos, ya que con los existentes sólo se está cubriendo el 10 % del trazado caminero provincial. Sostuvieron que ese porcentaje es muy bajo y mencionaron el caso de la Ciudad de Buenos Aires que, con 200 km. cuadrados cuenta con 170 cinemómetros, cuya entrada en funcionamiento influyó para que bajara la cantidad de accidentes.

Se indicó que la mayoría de los radares en territorio bonaerense está ubicada en las rutas 2 y 11, que conducen a la Costa Atlántica, en tanto que existen otras rutas que carecen de controles como la 3 y la 5. Si bien las autoridades consideran que los radares fijos son importantes, concluyen en que no alcanzan para disuadir los conductores que exceden las velocidades permitidas. Se dijo que, por ello, la intención es la de incrementar también el parque de los denominados radares móviles, que son aquellos operados desde camionetas ubicadas a los costados de las rutas. Ellos incrementan en los automovilistas la percepción de que la vigilancia se opera desde cualquier punto del itinerario.

Es incontrastable que la presencia de radares y de cámaras no sólo facilita y amplía la posibilidad de identificar a los transgresores, sino que también resulta disuasiva y sirve para que la mayoría de los automovilistas reduzca la velocidad de sus vehículos o atine a cumplir con lo que ordenan los semáforos. Pero sería deseable que el poder sancionatorio del Estado se vea puntualmente acompañado por todas las acciones que puedan y deban tomarse para que las rutas dejen de ser escenarios inseguros y trágicos.

Hace muchos años que se alude en esta columna al hecho de que se está incumpliendo con el mantenimiento de rutas y caminos, mientras que, justamente, en muchos de los tramos viales que se encuentran en mal estado, se han colocado radares. Estas y otras circunstancias permitirían deducir que el sistema de fotomultas se habría montado sólo con finalidad recaudatoria.

Existen factores definitorios de la inseguridad en el tránsito -como la indisciplina y la falta de una mínima educación vial de los conductores, la persistencia ostensible de transgresiones a las leyes de tránsito como la profusión de vidrios polarizados, a pesar de la prohibición legal existente, entre muchos otros- que debieran ser enfocados por las autoridades, puesto que acarrearían mas ventajas y menos derivaciones polémicas que el sistema de fotomultas.

Es en ese contexto, condicionado por la indisciplina y falta de educación vial de los conductores -en situaciones en que la infracción se convierte en un dato casi endémico, como podría ser el caso de los vidrios polarizados, a pesar de la prohibición legal existente- que las autoridades debieran mensurar el funcionamiento y los alcances reales de un sistema de fotomultas.