A lo largo del 2016, los subsidios tarifarios fueron un verdadero dolor de cabeza.
El presidente Mauricio Macri asumió con la intención de una reforma profunda que permitiera, por un lado, reducir el costo fiscal de sostener las tarifas en valores irreales y, por otro lado, disminuir la inequidad que implicaba subsidiar al área metropolitana de Buenos Aires en detrimento del resto del país.
Sin embargo, plasmar esta intención en hechos concretos fue más difícil de lo esperado, teniendo incluso que dar marcha atrás frente a la reacción política, social y hasta judicial.
Por ello es que las transferencias corrientes al sector privado (concepto que engloba subsidios económicos y también los sociales –AUH–) aumentaron 57% el año pasado, pasando de 6,4% del PBI en 2015 a 7,3% en 2016.
El Gobierno dispuso de suficiente tiempo como para diseñar, explicar e implementar una política de aumentos tarifarios razonable y viable política y socialmente, destaca un informe de la consultora Management y Fit, donde destaca que no haber logrado avanzar en este frente es un claro reflejo de error de gestión.
En este sentido, el resultado fiscal no hace más que explicitar el costo de esa equivocación.
El “trabajo sucio” que no se hizo el año pasado tendrá que hacerse en este 2017 que recién arranca.
A pesar de ser una medida impopular (paradójicamente, la sociedad está en contra de los subsidios pero no digiere bien los aumentos tarifarios) y que se avecinan las elecciones legislativas, el gobierno dio a conocer un cronograma de aumentos para algunos servicios públicos.
Fiscalmente hablando, no tiene demasiada alternativa.
Con un gasto público sumamente rígido, recortar los subsidios es la forma más fácil de reducir el rojo y cumplir con la meta de déficit primario de 4,2% del PBI. En efecto, el propio gobierno prevé un ahorro de 0,9% del PBI con la rebaja, que será compensado por el mayor gasto en jubilaciones.
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