WASHINGTON.- Casi un centenar de empresas tecnológicas y dos ex secretarios de Estado presentaron demandas ante la Justicia de EE UU contra el decreto antiinmigratorio de Donald Trump, mientras el presidente continuó desafiante ante la dura batalla legal que hasta ahora deja en suspenso la polémica medida.
Se trata del más reciente capítulo de una historia que se inició el 27 de enero, cuando Trump prohibió el ingreso al país de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen y suspendió la llegada de refugiados.
Gigantes de Silicon Valley como Apple, Facebook, Google, Microsoft y Twitter presentaron el domingo a la noche un documento legal ante el tribunal federal de apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco contra el decreto de Trump. El texto suscripto por 97 representantes de la industria tecnológica, que contrata a miles de inmigrantes, denuncia que la orden presidencial “inflige un daño significativo a los negocios estadounidenses, a la innovación y al crecimiento”, según una copia del mismo divulgado por la prensa local.
Ese documento respalda una demanda en curso contra el decreto, cuya aplicación fue suspendida el sábado. Las compañías argumentan que la orden presidencial perjudica el reclutamiento y el mantenimiento de personal talentoso, amenaza las operaciones del negocio e impide a las empresas atraer inversiones a EE UU.
El viernes a la noche, el juez federal de Seattle (estado de Washington) James Robart emitió una orden temporal válida en todo el territorio estadounidense que se tradujo el sábado en una suspensión de las restricciones impuestas por el decreto. Ese mismo sábado el Departamento de Justicia interpuso una demanda ante la corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco para restablecer inmediatamente las medidas. Sin embargo, el tribunal la rechazó el domingo.
En paralelo, un grupo de figuras del Partido Demócrata, entre ellas los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright, pidieron ayer a la corte federal de apelaciones que mantenga la suspensión de la prohibición migratoria. Los demócratas argumentaron que el decreto presidencial “fue mal concebido, mal implementado y mal explicado”. Entre las personalidades demócratas que firmaron el texto hay varios funcionarios del gobierno del ex presidente Barack Obama, la ex secretaria de Seguridad Nacional Susan Rice, la ex secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano y el ex jefe de la CIA León Panetta. “Restablecer la orden ejecutiva causaría estragos en la vida de inocentes y en los valores estadounidense”, agrega el texto.
Los demócratas advirtieron que la orden presidencial podría poner en peligro a soldados estadounidenses en el terreno y desorganizar la cooperación antiterrorista, al promover la propaganda del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS).
Trump, que pasó el fin de semana en el balneario de Mar-a-Lago, en Florida, lanzó una catarata de feroces tuits en la mañana de ayer, defendiendo su política y atacando al juez de Seattle que bloqueó la aplicación de su decreto. Con la suspensión del decreto, viajeros con visa de los países afectados comenzaron a llegar a suelo estadounidense.
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