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El fiscal de Casación Carlos Altuve advirtió que “imposibilita en la práctica la detención de personas”
Ariel Huck y Raúl Frare saliendo de la Unidad 9 el 24 de febrero, tras el fallo que los excarceló, junto con los otros seis imputados en la causa. El fiscal de Casación quiere revocar esa medida
El fiscal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia provincial que revoque la excarcelación de los ocho jefes policiales imputados por asociación ilícita en la causa que investiga el hallazgo de 36 sobres con más de 150 mil pesos en la Jefatura Departamental de La Plata.
En el escrito, Altuve consideró que el fallo del Tribunal que ordenó la libertad de los comisarios “es absurdo y arbitrario y se configura un supuesto de gravedad institucional”, informaron fuentes judiciales.
El fiscal argumentó que diversas investigaciones en curso podrían verse afectadas, debido a que el criterio de una sala de Casación “imposibilita en la práctica la detención de personas investigadas por delitos graves, supeditándolas a la finalización del trámite recursivo de la eximición de prisión, lo que podría demorar años”.
El 25 de enero último la Sala de Feria del Tribunal de Casación bonaerense dispuso la libertad de los jefe policiales por entender que su detención resultaba ilegítima.
A criterio de los jueces Jorge Celesia y Mariano Borinsky “no corresponde ejecutar la detención hasta que la eximición de prisión, si bien fue rechazada por el Juzgado de Garantías y luego por la Cámara de Apelaciones, fuera tratada por el Tribunal de Casación y, eventualmente, la Suprema Corte Provincial y la Corte Suprema Nacional”.
La medida benefició al ex titular de la Departamental, Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo, el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el ex jefe de Operaciones, Ariel Huck; y los comisarios Sebastián Cuenca (Tercera), Raúl Frare (Decimosegunda), Sebastián Velázquez (Segunda) y Julio Sáenz (Sexta).
En tanto, el abogado Federico Mazzochini, representante de estos últimos tres y de la familia del fallecido Federico Jurado pidió ayer ante el Juzgado de Garantías 5 la nulidad del procedimiento al considerar que “hay una irregularidad el allanamiento y secuestro de sobres” realizado el 1 de abril en las oficinas de 12 entre 60 y 61.
La medida se trata “de un planteo de nulidad, ya que hay una irregularidad en el secuestro de sobres y el allanamiento por parte de Asuntos Internos, arrogándose el trabajo de una unidad fiscal”, dijo el letrado.
“No hay testigos del allanamiento, excepto el propio personal de Asuntos Internos”, indicó Mazzochini.
Los ex comisarios están imputados desde el 1 de abril de 2016, cuando se encontraron 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo. Los investigadores sospechan que esa suma de dinero provenía de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que advirtió al personal de Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de la capital bonaerense recaudaba alrededor de 200.000 pesos de coimas por mes.
En la causa también estaba imputado el comisario Federico Jurado, quien fue hallado muerto en la celda de la Unidad Penitenciaria 9 de la capital bonaerense en la que se encontraba alojado.
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