El Ejército se hizo cargo formalmente ayer de la seguridad en el estado brasileño de Espírito Santo, en el sureste del país, tras el caos provocado por una huelga de policías que dejó al menos 90 muertos en circunstancias violentas desde el sábado pasado. Camiones militares patrullan por estas horas las calles de Vitoria, la capital del estado, que amaneció con las calles desiertas y la mayoría de los comercios cerrados por temor a los saqueos. Tampoco abrieron sus puertas la mayoría de los colegios, las universidades y los centros médicos, y sólo funcionan algunas líneas de micros.
La gobernación de Espírito Santo publicó ayer un decreto en el que transfiere el control de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas hasta el 16 de este mes y acusa a los policías en huelga de “chantajear” a la sociedad con la protesta. Familiares y representantes de los agentes mantienen bloqueadas las salidas de los cuarteles desde el sábado dado que los policías militares no pueden manifestarse ni hacer huelga porque están bajo el reglamento del Ejército.
La protesta responde a un reclamo de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo para unos 10.000 agentes, quienes perciben un sueldo básico de 2.642 reales (unos 800 dólares) y llevan tres años sin aumentos. “Protestamos no sólo por el salario sino por las pésimas condiciones en las que trabaja la policía. Usan autos desmantelados, sin combustible, equipos viejos”, denunció Euzy Esteva, esposa de un agente de la Policía Militarizada.
El acuartelamiento de la Policía Militarizada desató una ola de violencia desde el fin de semana que el gobierno local trató de frenar con ayuda de las Fuerzas Armadas, que comenzaron a actuar en Vitoria el lunes a la noche. Sin embargo, la presencia de 1.200 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional no ha logrado terminar con los incidentes violentos que han dejado al menos 90 muertos, entre ellas un policía civil que fue enterrado ayer.
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