Un fiscal investiga a Mauricio Macri y a otros funcionarios del gobierno por supuestamente haber beneficiado de forma irregular a la aerolínea colombiana Avianca para que opere en el país.
El fiscal Jorge Di Lello solicitó este miércoles una serie de pruebas al juez Sergio Torres ante la sospecha de que el mandatario, su padre y titular del grupo empresarial Sideco, Franco Macri, y el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, habrían cometido los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. El Ministerio Público Fiscal anunció la medida en su sitio oficial.
El fiscal tomó el caso tras una denuncia de dos diputados opositores que cuestionaron la reciente venta de la empresa Macair Jet -del grupo económico liderado por el padre del presidente- a Avianca, que busca ingresar al mercado de las aerolíneas "low cost" en Argentina.
Di Lello investigará el monto y la forma en que se pagó a la familia Macri luego de que los denunciantes apuntaron que "comprar a la familia de un presidente una compañía aérea con perspectiva de crecimiento intenso en el país representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios".
Durante el discurso frente al Congreso, Macri no hizo referencia al caso. Pero poco después, el jefe de gabinete de ministros Marcos Peña aseveró que "no hay conflicto de intereses".
Agregó que el gobierno se propone "multiplicar los vuelos, las fuentes de trabajo y la conectividad".
La fiscalía también inició la acción penal contra el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Juan Pedro Irigoin, y el titular del grupo de empresas que conforma Avianca, Germán Efromovich, entre otros empresarios y funcionarios.
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