El Gobierno nacional oficializó ayer la reglamentación de la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019, pero los dirigentes de los movimientos sociales ratificaron que siguen en pie las protestas y movilizaciones al denunciar que la ayuda alimentaria llega incompleta a los comedores comunitarios.
“Desde diciembre, no estamos recibiendo leche ni otras ayudas en los comedores”, aseguró el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quien caracterizó los faltantes como un “plan de ajuste” de la administración nacional y consideró que “hay cuestiones básicas con las que el Gobierno no puede cumplir”.
La Ley N° 27.345, aprobada en diciembre pasado, fue reglamentada a través del Decreto 159/2017, publicado en el Boletín Oficial, donde quedan detalladas las funciones y los objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, que funcionarán dentro de la órbita del ministerio de Desarrollo Social.
La reglamentación establece que el Consejo estará integrado por un representante (y un eventual reemplazante) de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, quienes “mediante acuerdo” podrán convocar a representantes de todas las organizaciones sociales para que participen de forma permanente de las reuniones, al igual que integrantes de “organizaciones civiles o instituciones públicas o privadas cuyos aportes resulten de interés social en razón de la materia”.
Los movimientos sociales venían reclamando en los últimos meses esta acción del Gobierno, y pese al decreto de ayer, las protestas siguen en pie.
El coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez, cuestionó la demora de casi tres meses del Gobierno en reglamentar la ley cuando la situación “es un desastre” y advirtió que “hay una necesidad de establecer reclamos contundentes”. La medida fue adoptada un día después del informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre la pobreza.
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