La conflictividad social, en el centro de la escena

El corpulento gremialista apoyó su mano derecha sobre el hombro de un periodista y respondió a su pregunta: “¿Sabés lo que pasa? La diferencia entre la política y los sindicatos es que nosotros defendemos a los trabajadores”. La definición fue de Pignanelli, el jefe de los mecánicos de SMATA, que así explicó por qué estaba en la Casa Rosada mientras la CGT prepara un paro.

No es que “Pigna”, como lo llaman sus compañeros gremialistas y los empresarios, se haya pasado a las filas de Cambiemos, ni mucho menos. “Soy peronista, va a ser siempre así y el Presidente lo sabe”, aclaró. Lo que el referente sindical trataba de explicar, es que no se puede dar el lujo de rehuir un acuerdo con el Gobierno cuando se registran suspensiones en el sector automotriz.

La escena tuvo lugar ayer en la puerta del salón blanco de la Casa Rosada, según pudo constatar EL DÍA en el lugar. Allí, Pignanelli junto a otros sindicalistas y empresarios que gestionan terminales automotrices y autopartistas firmaron un acuerdo que fija las reglas de juego a largo plazo, en un modelo que comenzó con Vaca Muerta y que Macri quiere replicar en otros sectores productivos.

La administración de Cambiemos presentó el acuerdo como un ejemplo de que el diálogo tripartito –entre el Estado, las empresas y los sindicatos- puede ser el camino a seguir para que la economía comience a funcionar, en momentos en que los gremios nucleados en la CGT y las CTA se endurecen con medidas de fuerza que objetarán principalmente el rumbo económico.

El nivel de conflictividad sindical y piquetera fue ayer motivo de análisis en la Casa Rosada. Ante una pregunta de este diario, el jefe de Gabinete Peña le puso paños fríos al asedio callejero al que se ve sometido el Gobierno: “Esto no es una novedad, no es coyuntural porque hace años que hay conflictos. Por eso hay que ver caso por caso. Es un error generalizar”, sostuvo el funcionario.

Mientras Peña, de 40 años recién cumplidos, hacía estas declaraciones, los accesos a la ciudad de Buenos Aires estaban bloqueados por agrupaciones como la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, que reclamaban la implementación de la ley de Emergencia Social. La sensación en el centro porteño era que la capital estaba sitiada. Pero el Gobierno nacional ordenó no despejar los piquetes.

En cambio la ministra Stanley, de Desarrollo Social, negoció con esas organizaciones y otras que el martes habían cortado la avenida 9 de Julio y llegó a acuerdos para financiar planes vigentes y hacer cumplir la Emergencia Social. Su colega Triaca, de la cartera laboral, reconoció ayer en una conferencia que el Gobierno aún trabaja en la implementación de la ley sancionada en diciembre.

Se trata de un asunto relevante porque al menos el 40% de la población económicamente activa no cuenta con un trabajo formal, con salario en blanco y cobertura de salud y previsional. Por eso la problemática laboral no sólo se explica ahora por lo que sucede con los sindicatos, sino también por la cada vez más fuerte presencia de las organizaciones sociales en la discusión pública.

Frente a esa situación, el Gobierno optó nuevamente por negociar, tal vez temiendo que una agitación en las bases de la sociedad pueda ser aprovechado políticamente por la oposición más radicalizada. “No vamos a dejarnos llevar por quienes necesitan que fracase el cambio, empezando por la ex presidenta Cristina Kirchner”, sostuvo Peña en la conferencia.

Antes, el presidente Macri había realizado otra alusión al kirchnerismo, cuando en pleno acto recordó que siendo empresario del sector automotriz, en la década del ´90, lo llevaron a ver al histórico jefe de la UOM Lorenzo Miguel para convencerlo de hacer un acuerdo que les permitiera afrontar la crisis del Tequila. “Por supuesto que el Barba Gutiérrez no me apoyaba”, admitió.

Gutiérrez es otro jefe metalúrgico que fue intendente de Quilmes y que es miembro del kirchnerismo, que en 2015 perdió el distrito en manos de Cambiemos. Por cierto que ayer no estuvo en la Rosada, a diferencia de Pignanelli y otros dirigentes de la UOM. Más allá de eso, el sector automotriz es clave ya que reúne 90.000 puestos de trabajo directos y 150.000 indirectos.

Las terminales más importantes están en Buenos Aires y Córdoba. Por eso el acuerdo fue rubricado por el gobernador Schiaretti, aunque no lo firmó ninguna autoridad de la Provincia, pese a que en el acto estuvo el vicegobernador Salvador. En su entorno explicaron que esa firma le corresponde a Vidal. Pero la Gobernadora estuvo ayer muy ocupada con otro conflicto, el docente.