Mientras los proyectos de desregulación laboral que acompañan la promoción de determinadas actividades que se inició con Vaca Muerta y ahora se extendió al sector automotriz, podría alcanzar a otros sectores, como la producción de motos y la construcción, el crecimiento de las remuneraciones sigue siendo un factor que atenta contra la recuperación del consumo y también de la actividad económica.
Por eso en momento en que la pugna por los salarios públicos en las provincias transita un periodo de alta conflictividad, animado por un contexto inflacionario que supera las expectativas oficiales, surgen perspectivas que comparan los niveles de las remuneraciones estatales con las privadas, y que afirman que las primeras deben moderarse para no colocar a las empresas en una situación insostenible.
Según un informe del Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea, el nivel de los salarios públicos en las provincias es, en promedio, un 20% superior al de las remuneraciones del sector privado. La excepción a esta regla se da en el territorio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chubut y Neuquén.
El informe detalla que las provincias con alta proporción de empleos públicos enfrentan cada vez más problemas para sostener los salarios estatales.
Además, advierte que los sueldos provinciales altos propician un “círculo vicioso”, por el cual las políticas fiscales y la alta presión tributaria requeridas para solventarlos, desalientan las inversiones y el empleo privado.
Ieral indica que el estancamiento de la economía argentina se inició en 2011, con una mala productividad e incapacidad de las empresas de mantener el salario real de sus trabajadores.
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