En una audiencia en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará hoy las denuncias sobre supuesta represión de protestas en Jujuy y en ese contexto el caso del controvertido arresto de la dirigente social Milagro Sala será seguramente protagonista. Inmediatamente después, el organismo también evaluará el impacto de los recientes cambios en la política migratoria que introdujo el gobierno de Mauricio Macri.
Según dijo el secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão, la Comisión ha dado lugar a esta audiencia porque “tiene que ver con un contexto de represión de las protestas que ha llamado mucho la atención de las organizaciones de la sociedad civil en el país, sobre un ambiente represivo en el Estado”. En la audiencia también estará presente el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, quien expondrá sobre el Código Contravencional y otras normas relacionadas al caso. Sala está encarcelada desde enero del año pasado por varios delitos.
En ese marco, Amnistía Internacional (AI) dijo en un comunicado que líderes gremiales y sociales jujeños viajarán a Washington para exponer, en paralelo, “sobre las respuestas estatales que buscan silenciar el disenso en esa provincia”.
Amnistía precisó que “la audiencia sobre la criminalización de la protesta en Jujuy se realizará de 10.30 a 11.30 hora local (de 9.30 a 10.30 en Washington) y la audiencia sobre los cambios en la política migratoria será de 11.45 a 12.45 hora local”.
MIGRACIONES
Con respecto al tema de las migraciones, la semana pasada, la canciller Susana Malcorra aseguró que el decreto de la Casa Rosada “no plantea una Argentina xenofóbica” y enfatizó que el Gobierno irá a la audiencia de hoy a defender la normativa en la audiencia convocada por el organismo.
El 9 de marzo, la CIDH dio a conocer su “preocupación” por la norma que firmó el presidente Mauricio Macri a fines de enero con el objetivo de impedir el ingreso al país de personas vinculadas con delitos y la realización de fraudes para evadir controles fronterizos, además de acortar los plazos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales.
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