El presidente de EE UU, Donald Trump, lleva casi dos meses en el cargo, el tiempo suficiente para toparse con la compleja realidad de gobernar un país donde el inquilino de la Casa Blanca necesita lidiar con el Congreso y enfrentarse a un estricto sistema judicial. Desde que asumió el 20 de enero, Trump ha gobernado en base a decretos con los que hizo gala de su poder presidencial, pero algunos de ellos han tropezado con los tribunales. Para cumplir algunas de sus promesas de campaña, el magnate hizo uso de dichas medidas, como la que rubricó al comenzar su presidencia para ordenar la “construcción inmediata” de un muro en la frontera sur con México. El 16 de marzo debía entrar en vigor su segundo veto migratorio a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana durante 90 días, y a cualquier refugiado durante 120 días, pero dos jueces federales bloquearon su orden a nivel nacional, pese a haber sido modificada tras un primer freno judicial en semanas anteriores.
Se trata de lo que en EE UU se llama “check and balance”, o comprobar y equilibrar, la esencia y la fortaleza de la división de poderes para que ninguno de ellos abuse del que le ha sido conferido. Así, por segunda vez en apenas dos meses, Trump vio cómo el sistema judicial detuvo su plan contra los inmigrantes de ciertos países musulmanes, algo que a ojos de los magistrados rompe claramente con el respeto a la libertad religiosa protegido por la Constitución estadounidense.
Pero las cortes y sus jueces no son el único obstáculo que está encontrando el magnate para ejecutar su ambiciosa agenda. Aunque Trump llegó a la Casa Blanca con un Congreso bajo dominio republicano, no le será tan fácil negociar con los legisladores, como está demostrando la disidencia generada entre los conservadores en torno al plan para derogar y reemplazar la ley sanitaria del ex presidente Barack Obama allá por 2010. El “Obamacare” (como se la conoce) dio cobertura sanitaria a más de 20 millones de personas que antes no la tenían, y prohibió a las aseguradoras negar acceso sanitario a personas con males preexistentes. Asimismo, estableció una expansión de los programas de ayuda a los más pobres.
La ley que propone el liderazgo republicano, apoyada por Trump, pretende mantener algunos puntos del “Obamacare”, como el de las enfermedades preexistentes, pero quiere frenar la expansión del programa para los más pobres, a lo que se oponen los conservadores más moderados cuyos estados se beneficiaron por esta medida. Así, Trump está viendo que no todo puede resolverse a puro decretazo, por más que quiera cambiar las reglas del juego.
SUSCRIBITE a esta promo especial