El Estado nacional defendió ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su política migratoria y afirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó aspectos de la Ley de Migraciones busca garantizar “regularidad” y no apunta “contra los migrantes irregulares”.
“Nosotros trabajamos sobre la regularidad migratoria, no contra los migrantes irregulares”, dijo el Estado nacional durante la audiencia que tuvo lugar en la sede de la CIDH, en Washington, representado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el director y vicedirector de Migraciones, Horacio García y Julián Curi, respectivamente.
Organizaciones de la sociedad civil habían acudido a la CIDH para reclamar por el DNU 70/2017 del 20 de enero, al que consideraron “restrictivo de los derechos humanos” para los migrantes, sobre todo para “los que están en situación de pobreza” y “tiene como regla la privación de la libertad”.
En una audiencia que se prolongó durante una hora y cuarto, presidida por el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, ambas partes expusieron sus razones, en contra o en defensa del DNU.
A su favor, el Estado precisó que durante el año pasado, “215 mil personas obtuvieron la radicación en Argentina, 92.000 de los cuales estaban ya en el país en una situación totalmente irregular”, y consignó que, en los tres meses que lleva de implementación el decreto, fue regularizada la situación de “48 mil migrantes”.
Además, según explicó Avruj, el DNU en cuestión “asegura a los migrantes la amplitud de derechos civiles, sociales y culturales, al igual que hace con los nacionales”, sólo que “enfocándose en el cumplimiento de las leyes”.
Por su parte, el director general de Migraciones, Horacio García, indicó que, a futuro, serán abiertas cuatro delegaciones en la provincia de Buenos Aires -el distrito que recibe la mayor afluencia de migrantes- para contribuir a la regularización.
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