Se complica la situación de la procuradora Gils Carbó

Una presentación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sumaría la causa por la compra de un edificio a los cuatro pedidos de juicio político presentados ante el Congreso contra la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.

La presentación se basa en la investigación preliminar en Comodoro Py sobre un presunto delito en la compra de un edificio de la Procuración General de la Nación en 2013, que podría complicar la situación de la titular de esa institución

El Colegio de Abogados porteño presidido por Guillermo Lipera, podría incorporar este caso a las cuatro causales ya alegadas ante el Congreso para destituir a la jefa de todos los fiscales designada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2012.

CAMPAÑA

El Colegio de Abogados promueve el enjuiciamiento de la procuradora y en una campaña llevada a cabo a través del sitio Change.org.ar ya han reunido más de 76 mil firmas.

Otro abogado que pidió el juicio político de la procuradora en el Congreso, Ricardo Monner Sans, también se presentará en la Cámara de Diputados, para pedir que se amplíe su denuncia en base a los nuevos hechos conocidos ahora.

Según se informó, Gils Carbó habría beneficiado a una firma vinculada a su ex esposo, Héctor Gustavo Alonso, a través del pago de una comisión encubierta que quintuplica el promedio para este tipo de operaciones. Como la procuradora había desistido de una anterior compra para evitar el pago de comisión, en la compra de este edificio, ubicado en Perón 667, la firma vendedora, Alfinsa S.A., pagó a Jaureguiberry casi 4 millones de dólares en ese concepto y supuestamente por ambas partes. Ese monto se correspondería con el 18% de la operación cuando lo normal es que se destinen a ese rubro entre 3 y 5 puntos de la transacción entre ambas partes.

El edificio se compró por un valor de $ 54.050.000 y la comisión pagada por Alfinsa fue $ 8.109.000, equivalentes a casi 4 millones de dólares al cambio de ese momento. La denuncia es analizada por el fiscal federal Carlos Rivolo en una investigación preliminar llevada adelante en los tribunales de Comodoro Py.

RECHAZO DE GARAVANO

Sin embargo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, sorprendió el domingo al afirmar que el juicio político no sería la vía adecuada para separar a Gils Carbó de su cargo aunque sí expresó que el tema debe ser resuelto en el Congreso. “Yo creo que el juicio político no es la forma de remoción porque es una ley de algún modo inconstitucional, que asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente”, expresó el titular de la cartera judicial nacional en una entrevista publicada el domingo por el diario El Tribuno, de Salta.

“No hay nada irregular, es una compra de hace varios años que pasó todos los controles administrativos. Hay un interés del Gobierno en generar este tipo de noticias”, argumentaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, que ven en esa investigación una maniobra para debilitar a Gils Carbó.