LONDRES.- El gobierno británico de la primera ministra Theresa May anunció ayer que el próximo 29 de marzo comenzará con el proceso para separarse de la Unión Europea (UE) y la aplicación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que activa oficialmente el trámite.
Un portavoz de la residencia oficial de Downing Street indicó que la jefa del Gobierno comparecerá ante el Parlamento ese mismo día para informar que ha invocado el artículo que inicia el proceso formal de negociaciones para la salida del bloque europeo. La líder conservadora, fiel a su propio calendario y tras resistir las presiones de los partidarios del Brexit (como se denomina a la salida británica de la UE) en su propio gabinete, está completando la carta que remitirá a Bruselas y que está previsto que llegue a su destino el miércoles de la próxima semana, según confirmó el representante permanente del Reino Unido ante la UE, Tim Barrow.
Tras recibir esta misiva, el Consejo Europeo aprobará las llamadas líneas de negociación con Londres. A partir de ahí, la Comisión enviará un mandato de diálogo que los jefes de Estado y de Gobierno deberán refrendar para que sea el Ejecutivo comunitario -a través de la persona que ha elegido para esta tarea, Michel Barnier- quien lleve la voz cantante en el proceso de “divorcio”.
EL RETIRO CONCLUIRA EN 2019
Según fuentes de Downing Street, se espera que este periodo de conversaciones termine con la retirada del Reino Unido de la UE el 29 de marzo de 2019, casi tres años después de que los británicos votasen en un referendo el año pasado a favor de salir del “club” comunitario. May informará a los diputados sobre la activación del artículo 50 en una declaración parlamentaria al término de la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes, que se celebra cada miércoles.
El citado artículo, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, contempla por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro decida voluntariamente abandonar el bloque, en un procedimiento que no está detallado, pero sí establece un plazo de dos años para alcanzar un acuerdo y abre la posibilidad de una prórroga.
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