Tras la condena de Julio César Grassi a 15 años de prisión por abuso sexual de menores, el Obispado de Morón difundió un breve comunicado al respecto y se convirtió en la primera voz oficial desde la Iglesia Católica sobre el tema.
En principio, aclararon que “desde el inicio del juicio el sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis” y que "está vigente sobre este sacerdote la medida dictada por el obispo de Morón, Monseñor Luis Eichorn, que le prohíbe el ejercicio público del ministerio".
En el texto, explican que: "Oportunamente la Santa Sede dispuso una investigación preliminar sobre las denuncias de la conducta de este sacerdote de la cual surgió un informe enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe".
Finalmente, destacan que el Obispado "actuará de acuerdo a los procesos canónicos vigentes que disponga la Santa Sede, los que serán informados debida y oportunamente a la opinión pública".
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