Injustificable ataque a un edificio público en el distrito de Berisso

El hecho de que la delegación zonal 2 de la Municipalidad de Berisso haya sido atacada por parte personas desconocidas, que causaron serios daños en el edificio e, inclusive, un principio de incendio, constituye un episodio que las autoridades responsables debieran investigar de inmediato y, en su caso, identificar y sancionar a los autores. Está claro, frente a actitudes como estas, que son trascendentes los valores que aquí se pretendió vulnerar.

Según las primeras pesquisas, iniciadas a partir de la denuncia penal formulada por la Comuna vecina, se pudo haber tratado de una agresión perpetrada por motivos “políticos”, relacionados a un reclamo de naturaleza salarial que se encuentra pendiente de tramitación. Sea como sea, está claro que no existe motivación alguna que justifique un acto vandálico que afecte la integridad de un bien público.

Tal como se indicó, los peritajes quedaron a cargo del cuerpo de bomberos que ya revisaron en detalle la sede comunal afectada, ubicada en la intersección de Montevideo y 45. El titular de la delegación sostuvo que el hecho pudo haberse tratado de una suerte de mensaje mafioso, vinculado a un tema salarial en el Municipio.

El secretario de Seguridad de esa comuna detalló que los agresores arrojaron a través de una ventana una botella con combustible inflamable, quemándose parte de una pared, el piso un CPU, una impresora y parte de un equipo de aire acondicionado de la oficina correspondiente al delegado municipal. Afortunadamente, las llamas fueron rápidamente extinguidas impidiéndose que se propagaran al resto del inmueble municipal.

Lo cierto es que este tipo de atentados, al margen de las pérdidas materiales que causan y que, en oportunidades, pueden ser extremadamente valiosas, traducen no sólo la conducta irresponsable de los eventuales autores, sino, también, la persistencia de posturas autoritarias que buscan, a través de la violencia, imponer criterios por vías absolutamente antidemocráticas.

Se ha insistido en esta columna, ante casos similares, que le ha costado mucho al país recuperar el pleno ejercicio de sus instituciones y que, para lograr ello, cada sector político y social supo aportar elementos positivos para garantizar la concordia y el respeto por las opiniones del otro. De allí que resulte imperativo que, al producirse esta clase de episodios, las autoridades policiales y judiciales actúen con presteza no sólo para identificar a los autores, sino para restablecer el concepto de que la democracia y el sistema republicano se asientan sobre un orden institucional que no puede ser vulnerado.

Es evidente que en los ataques como el acontecido horas atrás en Berisso, el problema adquiere connotaciones y dimensiones más preocupantes que sus consecuencias inmediatas, sino que incluyen aspectos relacionados a cuestiones políticas, educativas, sociales y culturales que debieran ponderarse. Lo que urge, entonces, es que el Estado extreme recursos y estrategias para defender la justicia que deriva del respeto por todas las opiniones, además de individualizar y castigar con el peso de la ley a quienes quieran transgredir la paz social.