La Provincia debe terminar con la permanencia de presos en las comisarías

El trágico incendio que se registró días atrás en la comisaría primera de la ciudad bonaerense de Pergamino, en el que murieron siete presos en un episodio en el que ahora se investiga dónde se inició el siniestro y qué tipo de colchones había dentro del pabellón, presumiéndose que todo pudo haber surgido a partir de una pelea entre dos detenidos, no deja de ser un eslabón más que se agrega a la larga cadena de conflictos desatada en las comisarías provinciales convertidas en cárceles.

Cabe señalar que las primeras investigaciones realizadas por el fiscal actuante dejaron a la vista indicios de que habría existido un incidente entre dos presos, que se habría visto agravado a partir de la reacción policial frente a los desórdenes. Por su parte, las pericias técnicas del incendio quedaron a cargo de los bomberos de Junín.

En ese contexto, resultaron elocuentes las expresiones formuladas con posterioridad por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, que calificó a la situación de los detenidos en cárceles y comisarías como de “extremadamente grave”, señalando luego que lo ocurrido en Pergamino debiera servir para activar las soluciones de fondo.

La entidad advirtió que los penales bonaerenses se encuentran colapsados, con situaciones de hacinamiento que afectan la dignidad para quienes se encuentran allí alojados. Agregaron que “en el mismo sentido, desde hace años viene tratándose la existencia de personas presas en comisarías, con reiteradas iniciativas de los sucesivos poderes ejecutivos, que no han logrado poner fin a esa realidad”, expresó la entidad. Los jueces añadieron que se encuentran condicionados para cumplir con la doble responsabilidad de aplicar las sanciones que prevé la ley y, al mismo tiempo, para “proteger la vida y la dignidad de los ciudadanos que mandamos detener”, ante la desbordada disponibilidad infraestructural que ofrece la Provincia.

La historia de las últimas tres décadas enseña que el crónico hacinamiento de las cárceles provinciales derivó en que las comisarías comenzaran a ser utilizadas como lugares no sólo transitorios sino casi permanentes de detención, originándose a partir de allí una serie de irregularidades legales y funcionales que no han cesado hasta la fecha y que suscitan consistentes objeciones y reclamos desde distintos estamentos judiciales, administrativos y políticos.

Informes conocidos en los últimos años vinieron hablando de una población de alojados que oscilaría en unos 4 mil detenidos en las seccionales policiales, aún cuando no se conoce la cifra actual. Se trata siempre de personas que no debieran haber sido enviadas a esas dependencias y que están en ellas, según se explicó en forma reiterada, por la falta de plazas en institutos carcelarios o alcaidías.

Las falencias de espacio que sufre el Servicio Penitenciario no pueden seguir siendo cubiertas por la indebida conversión de comisarías en cárceles, en base a una delegación de funciones que no está contemplada en ningún ordenamiento jurídico. Tal como se ha señalado, la Policía debe concentrarse en sus tareas específicas. No puede cumplir una función que es propia del Servicio Penitenciario. Y por otra parte, la Provincia debe evitar toda situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible también de acarrear responsabilidades internacionales.