El juez federal Sebastián Casanello reclamó de manera urgente los informes de la justicia federal de Jáchal sobre los derrames e incidentes ocurridos en la mina Veladero, y sostuvo que “la producción de eventos contaminantes obliga a considerar de modo definitivo el cierre” de ese emprendimiento en la cordillera sanjuanina.
“Es evidente que los resultados de esa inspección no solo son de interés para este proceso penal sino también son un material clave para que el poder administrativo revea la habilitación del emprendimiento”, sostuvo Casanello.
Para el juez, “es claro que este tipo de actividad -prohibida según la ley 26.639 en los ambientes glaciares y peri glaciares- precisa para ser autorizada un estudio de impacto ambiental que demuestre la inexistencia de riesgos”.
“La producción de eventos contaminantes -no uno, sino varios- obliga a considerar de modo definitivo su cierre, pues son los hechos en su más cruda realidad los que demuestran que las medidas de prevención fracasaron y los pronósticos fueron equivocados”, aseveró.
ENVENENAMIENTO DE AGUAS
El juez solicitó asimismo un informe elaborado por una comisión de expertos que analizó un posible envenenamiento de aguas.
Además, Casanello envío copia de la resolución a los ministerios de Ambiente, a cargo de Sergio Bergman; y de Energía y Minería, en manos de Juan José Aranguren; así como a la cartera de Minería de San Juan y a la gobernación de Sergio Uñac.
Cabe destacar que el viernes último, el ministro Sergio Bergman había presentado una demanda ante la Justicia para que se determine la suspensión de actividades de la mina Veladero “hasta tanto se garantice que no se producirán daños ambientales”, porque advirtió que el nuevo derrame del 28 de marzo implicaba “un peligro potencial sobre ríos interprovinciales, napas subterráneas y cuerpos de hielo individualizados en el Inventario Nacional de Glaciares”.
Ese mismo día, se dio a conocer la noticia de que una minera china le pagó 960 millones de dólares a Barrick por la mitad de Veladero.
Casanello reclamó los datos a los que nunca tuvo acceso a fin de verificar “las condiciones en que la empresa desplegaba su proceso productivo con anterioridad”, y evaluar la responsabilidad de los funcionarios involucrados, por lo que indicó que “deviene imperioso contar de modo urgente con los resultados”.
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