La Cámara Federal confirmó ayer la decisión del juez Sebastián Casanello de entregar a la dirección de Vialidad Nacional maquinarias de las empresas de Lázaro Báez para ser usadas mientras dure el proceso en su contra, ante la sospecha de que “esos bienes pudieran constituir el provecho o producto del delito”.
Así lo resolvió ayer la Sala II de la Cámara, al rechazar las apelaciones de los defensores de Lázaro y Martín Báez, en contra de la resolución que hacía lugar a un pedido de Vialidad para administrar, como depositario judicial, los rodados y equipos viales -propiedad de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA- que están embargados.
“No puede soslayarse que en nuestros días existe un fuerte reclamo social que, a la par de repudiar estas conductas, exige que se atienda a las necesidades de la comunidad, a cuya postergación también habrían contribuido estos hechos. Y las decisiones judiciales deben atender tales extremos cuando las peticiones concretas resultan fundadas y razonables atendiendo a las características del caso”, sostuvo el fallo.
REFUERZAN OPERATIVO
La maquinaria permitirá reforzar el “Operativo Invernal” que “presta auxilio a las provincias de la Patagonia para garantizar la transitabilidad de las rutas nacionales y los pasos fronterizos, buscando como resultado la seguridad vial y la reducción en tiempo del cierre de los traslados viales por problemas climáticos y peligros naturales”, dijo el fallo firmado por Eduardo Farah y Martín Irurzun.
Esos bienes habían sido incautados a través de medidas de cautela de carácter patrimonial luego de los procesamientos de Lázaro y Martín Báez en la causa por la llamada “ruta del dinero K”.
También están procesados por el delito de evasión previsional y sobre Lázaro Báez pesan otros dos procesamientos por asociación ilícita, una por la concesión de obra pública y otra en la causa “Los Sauces”.
Según la resolución de la Cámara, en la causa por la ruta del dinero “se dispusieron esas medidas precautorias de naturaleza económica con una doble finalidad: por un lado, asegurar las enormes sumas embargadas sujetas a las responsabilidades pecuniarias y las costas resultantes del proceso, pero también ante la sospecha de que esos bienes pudieran constituir el provecho o producto del delito y así eventualmente podría recaer sobre ellos el decomiso a favor del Estado Nacional”.
El fallo reconoce que con estas medidas se aseguraría “la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado para el caso en que, en definitiva, se confirme la hipótesis bajo instrucción”.
Y “porque internacionalmente nuestro país se comprometió a adoptar todas las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, más las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se añadió.
En ese marco, la Cámara Federal entendió “razonable” la decisión de Casanello de entregar al Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad en carácter de depositario judicial de los rodados y equipos viales -propiedad de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA-.
SUSCRIBITE a esta promo especial